El último jueves, el Congreso aprobó por mayoría el proyecto queapología al terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción, trabajar en el Estado.

Los cuatro parlamentarios que votaron en contra fueron Humberto Morales, Rogelio Tucto, Zacarías Lapa y Hernando Ceballos, todos ellos del grupo Frente Amplio.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, (Apra), manifestó con esta actitud se demuestra que "la izquierda juega a ser un tonto útil de Sendero Luminoso".

"Para mí han demostrado el interés de salvar a los terroristas. Yo no entiendo cómo es posible que Ceballos diga que Osmán Morote debe volver a la administración pública, o que Tucto señale que se le debe dar el indulto a Abimael Guzmán", afirmó en declaraciones a Perú21.

Por su parte, Héctor Becerril (FP) consideró que "es el momento de que la gente conozca que los congresistas de Frente Amplio están apoyando a los terroristas".

"Siempre están tratando de favorecerlos, le hacen juego al terror, y eso debemos que estar conscientes todos", expresó.

En tanto, Gino Costa aseguró que no llamaba su atención la postura de algunos legisladores de la bancada de izquierda, "porque no es la primera vez de una actitud cuando menos ambigua en relación con el terrorismo".

"Pero lo que hay que acotar es que la mayoría de bancadas están a favor de que quienes fueron condenados por terrorismo no puedan trabajar en el Estado", indicó.

DEFIENDE POSTURA

Justiniano Apaza, legislador del Frente Amplio, no estuvo presente al momento de votarse el proyecto. Sin embargo, replicó que el mismo estaría “atentando contra el derecho a reivindicarse” que tienen las personas.

“Todos los ciudadanos por ley tienen derecho a trabajar en las entidades o sitios que más convenga”, arguyó.

SABÍA QUE

- María Elena Foronda (FA), quien contrató a una sentenciada por terrorismo, no asistió a la plenaria vespertina y justificó su ausencia como licencia por enfermedad.

- La norma aprobada tampoco permite trabajar para el Estado a los condenados por narcotráfico o corrupción.

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