Procurador General pide que cuerpo de Abimael Guzmán no se entregue a familiares y sea cremado

En ese sentido, Soria argumentó que “hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad (Artículo 2° numeral 22 de la Constitución), y el derecho a la protección judicial (Artículo 25° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos-CADH) de las víctimas del período de violencia (1980-2000)”.

Además agregó que “la entrega del cadáver del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso supone un riesgo real objetivo a la paz y tranquilidad de todos los peruanos y peruanas… pues su tumba podría ser utilizada como un lugar para exaltar y enaltecer sus crímenes, en la medida que representa el personaje más significativo de dicha distorsionada ideología, que despreciaba la vida de las personas con tal de obtener poder a todo costo; situación que debe ser tuteladas por la justicia constitucional”.

“No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales”, explicó.

Cabe recordar que la conyugue de Guzmán, Elena Iparraguire, solicitó la entrega de los restos, sin embargo, no está habilitada para recibirlo puesto que cumple una condena por terrorismo. Por ello, entregó una “carta poder” simple a Iris Yolanda Quiñonez, conocida como camarada ‘Bertha’, para que se responsabilice de los restos del cabecilla senderista. Esta solicitud tampoco procede ya que significaría un riesgo posible al culto de Guzmán.