La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evitó judicialmente que el Estado desembolse S/ 2 millones 537 568 a favor de la empresa Queiroz Galvao, investigada por el caso del ‘Club de la Construcción’.
La estrategia de defensa planteada por el equipo de la Procuraduría Pública, que preside David Ortiz Gaspar, impidió que la mencionada constructora obtenga ventajas económicas con motivo de ampliaciones de plazo de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yauri–Negromayo–Imata, Tramo: DV Imata–Oscollo–Negromayo, ubicada entre las regiones de Arequipa y Cusco.
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La Corte Suprema de Justicia acogió los argumentos presentados por la Procuraduría Pública del MTC en un recurso de casación sobre la citada obra. Un tribunal supremo determinó que el laudo arbitral que favorecía al Estado y que fue anulado por la Sala Comercial de Lima se encuentra debidamente fundamentado en cuanto a la valoración de la prueba.
El fallo de la Corte Suprema señala que la sentencia expedida por la Primera Sala Comercial de Lima vulneró lo establecido en el inciso 2 del artículo 62 de la Ley de Arbitraje, que prohíbe al órgano jurisdiccional revisor inmiscuirse en el fondo de la controversia y calificar los criterios, motivaciones e interpretaciones del tribunal arbitral.
“La Procuraduría Pública ha logrado con éxito defender los intereses del Estado. Este hecho reafirma el compromiso del equipo profesional que conforman el órgano de defensa jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, señaló el procurador público Ortiz. De esta manera, el MTC asegura que los fondos públicos se cautelen de manera rigurosa y efectiva.