El 29 de mayo, dos meses antes de que culmine la legislatura anterior en el Congreso, el Pleno aprobó por mayoría, y en primera votación, una reforma constitucional que regresaría la figura de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores en todo el país por un periodo adicional y que, además, eliminaría a los movimientos regionales del sistema electoral peruano, lo que dejaría el camino libre a los partidos políticos y las alianzas electorales para hacerse de todos los cargos públicos a nivel subnacional en los próximos comicios, en octubre de 2026.
Los promotores del cambio mencionaron aquella vez que en la siguiente legislatura debería producirse la segunda y última votación, necesaria para poder consumar la modificación constitucional. Sin embargo, desde el 27 de julio, fecha en que se inició el actual periodo parlamentario, no se ha producido el debate. Falta menos de un mes para culminar la legislatura, el 15 de diciembre.
Tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto a esta nota, a la fecha existen 96 movimientos regionales en todo el país, según información oficial del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Qué tan conveniente es su desaparición?
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DEBATE TÉCNICO
La suerte de los movimientos regionales parece estar echada. En su momento, se presentaron mociones para devolver la norma a la Comisión de Constitución ante la repentina incorporación de su eliminación en la ley que tenía como intención principal reinstaurar la reelección de autoridades.
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi declaró a Perú21 que “eliminar los movimientos regionales sería una clara demostración de abuso de poder y de ir a una libre competencia en un proceso electoral”.
“Como los partidos políticos representados en el Parlamento no le pueden ganar a los movimientos regionales en las elecciones municipales, provinciales, distritales y Gobiernos regionales, pues no tienen peor idea que sacarlos de carrera”, continuó.
Sostuvo que, además de ser un abuso de poder, ello “viola el derecho constitucional a participar en la vida política del país y el derecho de elegir y ser elegidos, que está en la Constitución peruana y en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Por su parte, el abogado especialista en derecho electoral José Naupari indicó que “no hay ningún argumento válido y convincente para eliminar a los movimientos regionales”. Añadió que estas “son organizaciones políticas con vocación de permanencia en el tiempo”, al igual que los partidos. Por lo mismo, “también se les exige cumplir con las normas sobre democracia interna y financiamiento”, a pesar de que estos no acceden al financiamiento público.
Dijo que “los movimientos han terminado cubriendo un vacío de representación por parte de los partidos, que no están obligados a tener comités en todos los departamentos y provincias, escenario que se agudiza con el hecho de que el actual Congreso ha eliminado materialmente la exigencia de tener esos comités en funcionamiento permanente, porque ha suprimido la suspensión en caso de que ello no ocurra”.
“El Congreso también eliminó la exigencia de que los partidos presenten candidatos a elecciones distritales para conservar la inscripción. Sin movimientos regionales ni organizaciones locales, ¿quién va a cubrir ese eventual vacío?”, se preguntó.
Naupari agregó que “el argumento de la corrupción tampoco se sostiene porque, así como los movimientos han presentado candidatos que al convertirse en autoridad terminan involucrados en delitos, los partidos también. Basta con ver las denuncias contra congresistas”.
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