Moíses Mamani es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno

Moíses Mamani, el congresista de Fuerza Popular cuyo nombre ha estado en boca de todos las últimas semanas por haber grabado los llamados ‘Kenjivideos’, viene siendo investigado por el Ministerio Público en Puno por el delito de lavado de activos.

Según el semanario ‘Hildebrant en sus trece’, la Fiscalía de esa región viene investigando al parlamentario por ser “cabecilla o integrante de una organización criminal que funciona concertada y coordinadamente, con reparto de tareas y funciones, donde él sería el financista”.

Eso es lo que se señala en los documentos obtenidos por la publicación, en los que se precisa que la investigación del fiscal Héctor Huacasi Villa —que se inició en 2016 e incluye a otras 53 personas— detectó ‘operaciones sospechosas e inusuales en algunas de las empresas relacionadas al legislador’.

Todos los movimientos de Mamani fueron rastreados y se pudo detectar que, entre 1994 y 2005 el parlamentario  —junto a personas de su entorno— constituyó 18 empresas que “habrían sido utilizadas para introducir al sistema económico financiero la suma total de S/2’163, 832”, según el informe.

Para lograrlo, emplearon la fórmula legal conocida como “aumento de capitales” —la cual hace difícil saber el origen del dinero— en empresas como Centinela ANDS Security S.A.C., creada en 2008; M&C Sudameris Security S.A.C., constituida en 2010, o Agroindustria El Moheñito S.A.C., fundada en abril de 2014.

La Fiscalía también descubrió que Mamani adquirió ocho inmuebles por un total de S/4’480,000; compró la misma cantidad de autos por un valor de S/63,000 los últimos 11 años; y —para febrero de 2016— el congresista fujimorista tenía ahorros por un monto de S/500,000 en diferentes entidades bancarias.

“De lo advertido, todos los rubros de la presente disposición suman un total de S/7’342,766”, precisa la documentación. Es por ello que el fiscal Huacasi no encontró “coherencia ni congruencia con la actividad y los ingresos que el ciudadano Moíses Mamani Cholquehuanca ha declarado en su hoja de vida” cuando postuló al Congreso en 2016.

Ello, debido a que Moíses Mamani señaló en los documentos que presento ante el JNE que era un empleado de la empresa de seguridad y vigilancia privada ESERVIP S.R.L., en la que desempeñó el cargo de gerente general entre 2005 y 2015. Por ello, la oficina que dirige el fiscal Huancasi llegó a la conclusión de que el legislador “presentaría indicios relativos a un incremento inusual de su patrimonio” proveniente de “operaciones extrañas y sospechosas”.

El documento agrega que “existe un alto grado de sospecha que el patrimonio de Mamani Cholquehuanca tenga una procedencia ilícita de diferentes actividades criminales que tengan capacidad de generar ganancias ilegales como pueden ser delitos tributarios, contra la administración púbñica, el tráfico ilícito de drogas, el hurto, el robo, la minería ilegal u otros”.

Esta investigación, según refiere el semanario que dirige César Hildebrant, se realizó durante 18 meses en estricta reserva y las conclusiones estuvieron listas desde enero. Pero gente allegada al congresista  logró entorpecerlas y ocultar algunos bienes, por lo que recién los primeros días de marzo, el fiscal Huacasi emitió una resolución solicitando información actualizada a la Sunarp, Sunat, SBS, Migraciones,  entre otras.

Además, ha solicitado ayuda a la División de Lavado de Activos de la Policía de Lima para poder “identificar la existencia de la supuesta organización criminal”. Moíses Mamani deberá acudir a la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno el próximo 16 de abril para explicar —si puede— el origen de su millonario patrimonio.