El nombre de Moisés Mamani ha sido uno de los más repetidos en el entorno político de las últimas semanas. La publicación de videos que son investigados para determinar si se entregaron obras a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski derivó en la renuncia del mandatario y el clímax de una confrontación entre Fuerza Popular y sus legisladores no agrupados.
Hasta la fecha el parlamentario no ha hecho entrega de las grabaciones de audio y video sin editar al Ministerio Público. En uno de ellos, Mamani demuestra que prefiere no chocar con la Fiscalía. ¿Por qué será?
Un informe realizado por Cuarto Poder reveló que la Fiscalía de Juliaca lleva investigando dos años de manera secreta al congresista elegido por Puno. Así lo confirmó Héctor Huacasi, fiscal de delitos de lavado de activos de dicha región.
HASTA 18 EMPRESAS
La historia se remonta a 1997 y tiene su inicio en San Román, Juliaca. Según el reportaje de Cuarto Poder, Mamani y su familia creó o se apoderó de hasta 18 empresas.
Fue la notaría Gutiérrez la que guardó los registros de la creación de cada una de ellas. En 2003, Mamani y Sonia Calsín conforman la empresa Eservip. El capital fue de 20 mil soles, de los cuales 19 mil 900 aportó el congresista, mientras que la diferencia la puso su cofundadora. Luego de doce meses, el capital recibió un aumento de 220 mil 972 soles, aumento que fue realizado en efectivo y el dinero no fue bancarizado.
Ricardo Kanashiro, especialista en contrataciones con el Estado. "Lo raro y hasta jurídicamente imposible es que de dinero en efectivo la ley dice desde el 97 que todo aporte debe ser depósito en cuenta, no se puede dar".
Luego de esta fecha, Moisés Mamani acudiría a la notaría para convertirse en el apoderado de empresas que fueron fundadas por allegados al congresista.
Empresas como M y C Sudameris Security (constituída por su hermana Esther Mamani y Rebeca Condori) y Andean Delta Security (de Jeason Blue Sarmiento y Marleni Huamán) son solo alguna de ellas, según refiere Cuarto Poder.
Así lo dieron a conocer diversos ex trabajadores de las empresas de propiedad de Mamani, quienes dijeron que "es el dueño de la empresa y pone a otras personas como gerentes".
Agregaron que el parlamentario les debe hasta cuatro meses en algunos casos, luego de que varios trabajadores fueran despedidos repentinamente.
SIN LICENCIAS
Respecto al tema de las licencias (para portar arma o conducir vehículos), una de las fuentes de Cuarto Poder contó que se realizaban "de manera fraudulenta".
"A mí, incluso, me sacó una licencia fraudulentamente, porque nunca asistí al curso. Le alquilé mi carro en el aeropuerto de Tacna, nunca asistí a charlas de seguridad", refiere.
Un documento suscribe que el tribunal de contrataciones del Estado sancionó con inhabilitación permanente a dos empresas de Moíses Mamani por licencias para portar armas fraudulentas.
¿LOCACIONES FANTASMAS?
Cuarto Poder viajó a diferentes puntos del país para buscar las locaciones de cada una de las empresas a nombre de Mamani. El resultado fue increíble.
En Juliaca, Centinela Security tenía por dirección la avenida del Oro. Al llegar, el reportero se dio con la sorpresa de que en dicho lugar funciona una bodeguita. "Acá nunca ha funcionado la empresa, nunca. Siempre ha sido bodeguita", indica Winston Pari, primo de Mamani.
En Juliaca no hallaron ni un solo local que corresponda a empresa de seguridad alguna, algunas direcciones daban cuenta de casas de sus familiares del congresista, pero en ninguna se les atendió. En Tumbes, Piura y Trujillo lo mismo; e incluso direcciones que no existen, según reporta el informe.
¿Existieron las oficinas? Si las agencias de seguridad facturaron (según Cuarto Poder) 40 millones de soles, la ubicación de las mismas sigue siendo un misterio.
Entre las conclusiones de la investigación fiscal secreta realizada a Mamani se determinó un alto grado de sospecha de que las empresas tengan una probable procedencia ilícita de diferentes actividades criminales como delitos tributarios, tráfico ilícito de drogas y hasta minería ilegal.
En cuanto el Ministerio Público de Juliaca realice el pedido, el Poder Judicial deberá dictaminar si el congresista declarará a las autoridades como un ciudadano más, despojándolo de su inmunidad parlamentaria, y tendrá que responder a una retafila de cuestionamientos por resolverse.