“El Ejecutivo tiene la responsabilidad en la compra de la vacuna. Tenía claro que era un tema fundamental, prioritario”. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad en la compra de la vacuna. Tenía claro que era un tema fundamental, prioritario”. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

Al cierre de esta edición, el debatía la nueva ley agraria sin escuchar a los agricultores y técnicos que advierten que sus alcances generarían más informalidad y sobrecostos imposibles de afrontar. Los parlamentarios tienen el respaldo de su presidenta, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), quien, sin conocer el sector –así se evidencia en esta entrevista–, asegura que los cuestionamientos son una exageración y no habrá efectos catastróficos.

El expresidente Martín Vizcarra ha culpado al Congreso por no haber podido cerrar contratos para la compra de vacunas.

No, a ver, para hacer un contrato de la compra de un insumo médico no existe ningún impedimento. Es verdad que el Ejecutivo había mandado un proyecto de ley que generaba un respaldo para las adquisiciones y este se entrampó, pero por responsabilidad del Ejecutivo, que estaba en confrontación con el Legislativo... Ahí hay una responsabilidad compartida. Cuando yo asumí, el 16 de noviembre, vimos este tema y lo pusimos a debate de inmediato y se aprobó. Entonces, no se puede intentar justificar el poco avance que hubo en estas negociaciones argumentando que la ley no estaba aprobada porque es una ley de corte declarativo, no es un prerrequisito para que se hagan contratos.

¿Entonces, la responsabilidad es de Vizcarra?

Yo considero que sí. El Ejecutivo tenía claro que este era un tema fundamental, prioritario. Ahora que la demanda de la vacuna es tan grande a nivel mundial, probablemente el hacer los contratos demora, tiene sus procedimientos, pero es mejor sincerar cuáles han sido las dificultades de esta naturaleza que intentar responsabilizar al Legislativo, que no es lo correcto.

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El caso del congresista Edgar Alarcón se sigue dilatando. ¿Lo están blindando?

Sus denuncias constitucionales se tienen que ver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí hay todo un procedimiento reglamentario que se está siguiendo de acuerdo con los plazos.

Mientras tanto, continúa presidiendo la Comisión de Fiscalización.

Yo he conversado con él, con la gente de su bancada, porque ellos anunciaron que lo iban a retirar. La presidencia no lo puede retirar, ni siquiera lo podría retirar la comisión misma. Depende de su partido, que había anunciado que lo sacaba, pero no ha cumplido. Yo he instado a que cumplan con la palabra que empeñaron, he hablado con el propio congresista y le he dicho que lo más saludable es que él dé un paso al costado porque cualquier informe que saque –debido a que tiene denuncias constitucionales– deslegitima y desfavorece la labor que se hace, por más que sea prolija.

¿Y qué le ha respondido el congresista?

Me ha dicho que no va a salir porque hay un acuerdo con su partido de que se queda hasta diciembre. Es un tema que nos preocupa, que su propio partido no lo retirase como un gesto político, pero lamentablemente no podemos hacer nada ahí, porque es un tema que depende, por desgracia, de su propia agrupación y más allá nosotros reglamentariamente no podemos intervenir.

Por segunda vez el TC declaró inconstitucional una ley de este Congreso. ¿Están aprobando leyes efectistas solo con fines electorales?

Nosotros, como Legislativo, aprobamos normas que la mayoría considera adecuadas, pero existen mecanismos de control mediante el TC y hay que aceptar sus criterios. El Parlamento tiene que defender su fuero, defender las decisiones que toma, pero si en alguna oportunidad lo que se ha decidido no está acorde con la ley, el TC nos lo va a decir, vamos a respetar esas decisiones. Pero nosotros creemos que la tarea del Congreso sigue siendo legislar en función de las demandas que la población tiene y plantear los temas álgidos que necesitan algún tipo de resolución.

Pero el TC les está llamando la atención. ¿Usted no lo siente?

Yo creo que lo que resuelve el TC no solamente es una llamada de atención al Congreso, sino también al Ejecutivo. Si es que la ley no sirve o la ley que aprobó el Congreso no es la más adecuada, se tiene que buscar una salida entre Ejecutivo y Legislativo porque lo que menos podemos permitir es que estas cosas queden en el limbo y la gente quede sin respuesta sobre las problemáticas.

¿Por qué el Legislativo no tiene una mayor reflexión para tener propuestas técnicas sólidas?

Creo que también de parte del Ejecutivo, tenemos que conversar mucho más respecto a los problemas que hay que encarar. Estamos acostumbrados a tener poderes del Estado que responden en función de las problemáticas cuando ya llegan a un punto agudo de reclamo, hay un trabajo que tiene que hacerse desde el Ejecutivo para identificar de manera preventiva cuáles son las cosas que hay que cambiar, en lugar de estar dando respuestas inmediatas cuando ya los conflictos se han generado, cuando las normas que se han puesto desde el Ejecutivo han generado un problema álgido. Como Legislativo estamos en la obligación de dar una respuesta. A veces la que damos no es la más adecuada, pero creo que esa es una llamada de atención para que seamos más proactivos al responder a una serie de situaciones que pueden generar problemáticas y conflictos.

Las modificaciones al régimen laboral agrario, para las personas que trabajan en el campo, van a perjudicar la competitividad, generarán más informalidad y también harán que se reduzcan los empleos del sector. ¿Por qué insistir?

Algo fundamental que se debe tomar en cuenta es que la ley que teníamos ya no sirve, que hubo claramente una precarización muy fuerte de la mano de obra, que se necesita reformar y yo lo que esperaría es que no haya tanta resistencia del sector empresarial. Me parece mal que ellos estén tratando de presentar este tema diciendo que una propuesta del Congreso va a traer abajo toda la agroexportación. Acá se está trabajando de manera bastante cuidadosa la nueva propuesta de ley. La mayoría de las cosas no hay manera de discutirlas; por ejemplo, tenemos que hacer una ley que reconozca el derecho a que los trabajadores se puedan sindicalizar, no se pueden negar a eso, necesitamos una ley que establezca el derecho a su seguro social y creo que no deben resistirse a eso. Los empresarios han hecho toda una campaña diciendo que acá se está proponiendo una ley que va a terminar con la agroexportación y eso es una exageración. En estos momentos estamos trabajando con los ministros para poder afinar cosas importantes de cara a dar respuesta y tratar de generar una ley que sea lo más adecuada para trabajadores y también para los empresarios. No se puede plantear seguir con una misma ley porque eso es absolutamente insostenible.

Los medianos y pequeños agroexportadores no van a poder cubrir los costos que está planteando la ley. ¿Quién se responsabilizará si después de que la promulguen, los efectos son más nocivos de lo esperado?

Creo que eso no puede suceder, es una situación absolutamente catastrófica que no hay lugar para que se produzca y esperemos que haya serenidad y tratemos de sacar una ley que sea adecuada. Ninguna ley está exponiendo a que la agroexportación se caiga, se está pidiendo condiciones laborales adecuadas.

Los agroexportadores piden que se conforme una mesa de trabajo entre los trabajadores, la empresa y el Estado para llegar a acuerdos.

Si tuviéramos más tiempo, sería lo ideal, pero en este momento tenemos que sacar una norma porque se está acabando el año y, es más, si no existe norma, ahí sí las empresas tendrían que pasar al régimen tributario común que las podría hacer caer. Lo que conviene más es llegar a consensos lo más rápido posible, tratando de cuidar que sea razonable, en eso estamos trabajando. Luego se pueden generar mesas de negociación para ver qué condiciones pueden ir variando.

¿Debido al apuro no se corre el riesgo de que la norma se caiga por tener errores?

Por ello mismo hemos llamado a los ministros para que puedan estar aquí presentes, porque lo que menos queremos generar es una ley que luego se caiga por observación del Ejecutivo.

Podemos ha expresado su intención de censurarla y hoy (ayer) esa misma tienda política la ha criticado muy duro.

Son bancadas que todavía están muy resistentes a la presencia de una nueva Mesa Directiva, no hay motivos razonables para proponer una censura. Ellos dicen que van a censurar porque contesto tarde, luego cambian de opinión y dicen que (lo harán) por contestar temprano, después están diciendo que por no contratar especialistas. No tiene razón de ser y son posiciones, felizmente, aisladas. Hay que seguir trabajando sin dejarnos llevar por este tipo de actitudes que están lindando con el chantaje.

¿Teme que la censuren?

Siempre hay esa posibilidad; quien quiere plantear la censura lo puede hacer con un solo voto, otra cosa es que la mayoría del Parlamento quiera seguir apoyando actitudes desestabilizadoras.

¿Cuenta con el respaldo de la mayoría para continuar en su cargo?

Por lo menos, lo que yo he constatado es que la mayoría de las bancadas está actuando de manera responsable y creo que, más allá de un apoyo personal, es que la mayoría no quiere situaciones que desestabilicen más al país.

TENGA EN CUENTA

  • Mirtha Vásquez instó a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a “asumir su responsabilidad” y hacerse cargo de las denuncias contra Edgar Alarcón.
  • “Hay que dejar de lado los temores, hay que dar señales de que los parlamentarios no vamos a blindar a nadie y para mí es una mala señal que nadie quiera asumir una situación como esta”, indicó la congresista.
  • Respecto a la demanda ante el TC por la ley de la ONP, Vásquez detalló que los procuradores del Congreso están evaluando una respuesta.

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