Afectados. Empresarios mineros se pronunciaron en bloque y pidieron a Castillo cumplir con mantener la estabilidad jurídica. Foto: Jesús Saucedo
Afectados. Empresarios mineros se pronunciaron en bloque y pidieron a Castillo cumplir con mantener la estabilidad jurídica. Foto: Jesús Saucedo

La presidenta del Consejo de Ministros, decidió de un plumazo, mediante un acta de compromiso, el correspondientes a las empresas Apumayo, SAMI y Ares, ubicadas en la región Ayacucho. Sin ningún sustento técnico usó el argumento de que las comunidades del área habían sido afectadas por la contaminación ambiental.

Su decisión la hizo saber al empresariado mediante un tuit la noche del último viernes. “Ya tienen fecha de cierre prevista, deben hacerlo de forma adecuada y cumpliendo los estándares y plazos de ley”, tuiteó la premier que hace algunos años se desempeñaba como abogada de una ONG antiminera.

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Las empresas implicadas, la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazaron en bloque la postura de Vásquez. Indicaron que se cumplen con todos las autorizaciones sobre medio ambiente y porque, además, resulta contradictoria, ya que el presidente Pedro Castillo dijo el viernes que se daría estabilidad jurídica a las empresas para fomentar la inversión privada.

La postura ideología de Vásquez eliminaría seis mil puestos de trabajo en Ayacucho, afectaría a 54 mil familias y bloquearía las próximas inversiones programadas. Ante dicha situación, los afectados exhortaron a la premier a rectificarse, de lo contrario iniciarían acciones egales “hasta las últimas consecuencias”.

EN OTRAS REGIONES

La premier mencionó en Ayacucho que el cierre es parte de un “plan piloto”, lo que generó mayor preocupación en los empresarios respecto a las operaciones vigentes en otras regiones. “Sería ampliado a nivel nacional , lo cual nos pone en alerta, pues afectaría a millones de trabajadores”, explicó Raúl Jacob, de la SNMPE.

El gobierno quiso poner paños fríos a la situación y señaló que estas compañías ya tenían un plan de cierre. Sin embargo, esta explicación cayó en saco roto. El gerente general de Ares, Ignacio Bustamante, explicó que el plan de cierre es considerado como un “documento vivo” porque se aprueba y renueva constantemente.

“Es un instrumento de gestión que toda operación minera requiere para operar pues es obligatorio. El plan se actualiza en función a los nuevos descubrimientos que hagan las compañías con la exploración”, subrayó. Es por ese motivo que las empresas mineras implicadas mencionaron que tienen proyectos de inversión para expandir sus operaciones y con esto generar más trabajo en Ayacucho.

En el acta firmada por la premier Vásquez se señala que el Ministerio de Justicia coordinará el “acompañamiento” a quienes están inmersos en procesos de investigación o denuncias penales por casos “de protesta social”.

Esto en clara referencia a los actos vandálicos ocurridos en Ayacucho el 28 y 29 de octubre contra un campamento donde violentistas quemaron el lugar. “Así se legitima la violencia como una medida justificada de presión social”, acotó Jacob.

TENGA EN CUENTA

  • El sector minero generará el 2021 más de 12,500 millones de soles en recaudación tributaria.
  • Hernando Guerra García de Fuerza Popular criticó a la premier por su “posición antiminera y antiempresa”.
  • Mientras tanto, en Madre de Dios la minería ilegal sigue depredando la selva y el gobierno no hace nada al respecto.
  • 5,300 integrantes del sindicato minero de Ares denunciaron que Vásquez “pretende cerrar el centro de labores”.
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