Escala la violencia contra la minería y el gobierno no hace nada

La escalada de violencia en el interior del país por conflictos sociales, en especial contra las empresas del sector minero y energético, ha alcanzado niveles de alarma. El Estado, mejor dicho este gobierno, no ha actuado de manera preventiva a pesar de estar alertado de lo que iba a suceder. Y cuando se produjeron los actos vandálicos y amedrentamientos contra los locales y yacimientos, de manos de grupos antimineros politizados y extremistas en distintas regiones, el Ejecutivo ha respondido con pasividad y dejando que la violencia gane terreno.

Sucedió esta semana en Ayacucho y en Áncash. Pero antes el conflicto se instaló en el Corredor Minero que abarca desde Chumbivilcas en el Cusco hasta Cotabambas en Apurímac.

El último 25 de octubre la Defensoría alertó de paros contra las mineras de Ayacucho. Se sabía que las protestas para pedir el retiro de las empresas de la región empezaban el 28 de octubre. ¿Qué hizo el Gobierno? Nada. No movió un dedo. Llegado el día, se registraron disturbios en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara y también la restricción del tránsito vehicular en los distritos de Chaviña, Sancos, Coracora y Puyusca.

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Sin embargo, el punto más alto de violencia se vivió el viernes 29, el segundo día de la paralización, los radicales incendiaron las instalaciones de la empresa minera Apumayo. Y en paralelo, como coordinadamente, destruyeron el campamento minero de Breapampa, operado por South America Mining Investments (SAMI). El resultado fueron 12 personas heridas, entre ellas dos policías.

El paro fue levantado momentáneamente el mismo viernes, según informó la premier Mirtha Vásquez, quien anunció la pronta llegada del Ejecutivo para instalar un proceso de diálogo. La Premier irá a conversar con agitadores políticos que robaron dinamita e incendiaron oficinas, por lo que se puede deducir que la amenaza sigue latente.

¿EL MOVADEF ESTÁ DETRÁS?

En conversación con Perú21, José Luis Gil, experto en conflictividad social y seguridad ciudadana, señala que estos conflictos sociales son una gran amenaza para el país. “Son un problema, porque muchos de ellos no emergen de manera natural de las controversias sociales, sino que son promovidas por grupos radicales que tienen una esencia ideológica e intereses políticos”, aseveró.

Gil no descarta la presencia del Movadef en estos actos vandálicos. “En el documento secreto del plan de construcción del Movadef, dice que el ejército guerrillero popular se activa para participar en todos los conflictos sociales. Ese es un hecho concreto. A mí no me cabe duda de que gente del Movadef, en cumplimiento de ese documento, pueda estar participando en estos actos de violencia”, manifestó.

Para Gil, la presencia del Movadef en Ayacucho es “fuerte”. “Deben dirigir las luchas de las masas. Eso dice en su plan. No es un antojo, está por escrito en el plan de resurgimiento de Sendero Luminoso”, acotó.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral y gestión de riesgos, coincide en que el Movadef podría tener una participación en esta movilizaciones violentas. “No es normal este nivel de violencia que ha ocurrido en Ayacucho. Normalmente son acciones azuzadas por gente radical, como los miembros del Movadef. Desde la caída de Abimael Guzmán, fue una orden que estén presentes en todas las protestas”, resaltó.

El mismo nivel de sospecha habría sobre el paro contra Antamina (ver página. 3). Fuentes de Perú21 en dicha empresa señalaron que las manifestaciones en Áncash ­–que han provocado la suspensión de las operaciones de la minera–estarían siendo azuzadas por gente vinculada al Movadef.

LA POSICIÓN DE LA PREMIER

Desde la Presidencia de Consejo de Ministros, el mensaje ha sido claro: libertad de acción para los manifestantes pese a la tensión que ha desencadenado las acciones de violencia.

Ayer, en diálogo con Canal N, la premier Mirtha Vásquez lamentó la situación en Ayacucho. Sin embargo, marcó una posición que dista de la función que hoy desempeña y señaló que existen “factores que distorsionan la protesta”, pero que estos no las “descalifican”. En otras palabras, el gobierno no cuestiona a los dirigentes políticos o comunales que azuzan protestas en las que media la violencia.

Pese a que negó ser antiminera -aunque viendo su CV y actuaciones pasadas, no se ajusta exactamente a la verdad-, Vásquez critica duramente el rol de las empresas mineras como actores de los conflictos.

“Detrás de los conflictos, siempre hay intereses. Muchos de ellos legítimos. Hay muchas demandas que tienen asidero. Lo peor que podemos hacer es descalificar al otro actor y decir que es alguien manipulado o violentista. (…) Una protesta siempre tiene situaciones detrás que entrañan una serie de demandas que, para la población, son justas. Creo que a muchas de ellas debemos tomarle atención, porque tienen que ver con la desatención. Eso no se puede desconocer”, dijo.

Cuando el periodista le preguntó si cree que hay causas justas en los reclamos de los antimineros, Vásquez dijo: “Sí. En los conflictos se pueden presentar factores que distorsionan la protesta. No podemos por estos factores descalificar de plano estas legítimas demandas”.

Antes de la entrevista, el pasado viernes, la premier ya había adelantado su posición respecto a las manifestaciones antimineras. “Nosotros no usaremos la represión como medida para desmoralizar o acallar las demandas justas que tiene la población”, dijo en una conferencia de prensa realizada en Cusco.

Incluso, un día antes de esas declaraciones, desde Cotabambas, Apurímac, se dirigió a los comuneros protestantes de Las Bambas y se refirió a ellos como sus “compañeros”.

“No ha habido represión. Ha habido una orden directa del presidente (Pedro Castillo) de no reprimir y de dejar que ustedes hagan su protesta pacífica”, les precisó Vásquez a los comuneros.

Desde el partido de Gobierno, la posición es la misma. El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, emitió un comunicado arremetiendo contras las fuerzas del orden de Ayacucho y solicitando liberar a los manifestantes detenidos en dicha región. En su oficio, el congresista pide “sancionar de manera inmediata a los agentes policiales” que se encargaron de la intervención de los comuneros que asaltaron e incendiaron a la mina Breapampa.

GOLPE A LA MINERÍA

Pese a que el Gobierno ha ofrecido establecer diálogo con los manifestantes antimineros, el daño a la actividad del sector ya está hecho. Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por intermedio de un comunicado, se pronunció y exhortó al Ejecutivo a tomar acciones inmediatas frente a las acciones violentas.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, señaló que la ola de violencia que se viene dando contra las operaciones mineras está atentando contra el Estado de Derecho. “Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible. Lo que se busca es paralizar las operaciones minero energéticas, provocando un gran perjuicio a la economía regional y nacional”, sentenció.

TENGA EN CUENTA

• Ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dejó entrever que los propios accionistas podrían estar detrás del paro para vacar al presidente Castillo. Para información del ministro, la minera pertenece a las empresas BHP Billiton (Australia), Glencore (Suiza), TECK (Cánada) y Mitsubishi (Japón).
• Salvo que Castillo sea la encarnación de Stalin, sería bien extraño que esas empresas quisiera tumbárselo.

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