Miriam Morales, exsecretaria general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuestionó la denuncia penal que presentó en su contra el Ministerio Público y aseguró que jamás ordenó la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.
En un audio, indicó que ha mostrado toda su disposición a colaborar y se ha allanado “de motu proprio” a levantar su secreto bancario y de comunicaciones, así como la solicitud de que vayan a su domicilio y registren y se lleven la información que sea necesaria.
“Durante este tiempo he guardado silencio respetuoso para con el proceso de investigación, esperando se llegue a buen puerto. Pero hoy rompo ese silencio para decir que yo nunca he ordenado la contratación del señor Cisneros”, expresó.
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Asimismo, Miriam Morales manifestó que la fiscalía ha revisado toda información y no ha encontrado “ningún hecho concreto” que la vincule con la comisión de algún delito, mucho menos ha encontrado prueba alguna.
“Lamento que la fiscalía haya valorado más mi cercanía al gobierno anterior que alguna prueba objetiva e irrefutable. Seguiré mostrando mi mayor disposición para con el proceso, tengo la confianza que esta injusta acusación será finalmente archivada”, sentenció.
Como se recuerda, el Ministerio Público concluyó la investigación por el caso y presentó una denuncia penal contra 19 personas, incluyendo a Miriam Morales y al cantante ‘Richard Swing’.
La fiscalía detalló que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima formuló la acusación penal contra Miriam Morales y Richard Cisneros por la irregular contratación en el Ministerio de Cultura.
Morales es acusada del presunto delito contra la administración pública en modalidad de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario), negociación incompatible (instigadora), y contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
Cisneros Carballido, de otro lado, es acusado por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado en la modalidad de tráfico de influencias (instigador) y negociación incompatible (cómplice primario).