La ministra sugiere averiguar qué es lo que está pasando en la Diroes y no descarta que haya responsabilidad en el INPE por las visitas que recibe el expresidente. (Allen Quintana)
La ministra sugiere averiguar qué es lo que está pasando en la Diroes y no descarta que haya responsabilidad en el INPE por las visitas que recibe el expresidente. (Allen Quintana)

El próximo 3 de enero, cumplirá tres meses como titular de Justicia y Derechos Humanos. Dice que los ministros son “aves de paso” en el gobierno y sustenta su posición a favor de que jueces y fiscales hagan escuchar su voz mediáticamente si el caso así lo amerita. No obstante, descarta tajantemente que haya un juego en pared entre el Poder Judicial o el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.

Ana Teresa Revilla 22-12-19

Se ha revelado un audio en el que el expresidente Alberto Fujimori coordina la postulación al Congreso desde la cárcel y, como usted sabe, la participación política de condenados está prohibida y se ha anunciado un proceso disciplinario contra él. ¿Pero no hay responsabilidad del INPE también?

Lo que se tiene que hacer es investigar qué es lo que ha pasado, porque el señor Fujimori tiene, efectivamente, un teléfono en la prisión desde el cual se puede comunicar externamente como los prisioneros, lo que hay que investigar es si ingresó o no un teléfono celular, eso es lo que se tiene que investigar.

Pero más allá de la llamada, (el candidato) no solo lo llamó sino también lo visitó y suponemos que puede haber habido muchas otras visitas donde hubo discusiones políticas. ¿Es regular este tipo de visitas?

Yo me imagino que ellos tienen que investigar para ver qué es lo que está pasando. Normalmente personas privadas de su libertad tienen derecho a ser visitadas, pero hay que ver cuál es el margen para que, efectivamente, pueda entrar a visitar cualquier persona.

¿Cree que se debería cambiar al señor Fujimori a un régimen más restringido desde su punto de vista?

Tiene que revisarse primero para ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. El INPE se va a pronunciar próximamente al respecto, tiene que hacer las investigaciones preliminares y después abrir el proceso administrativo disciplinario. Una vez que se lee el procedimiento, ahí se va a poder dar solución o ver qué es lo que procede, no se puede actuar de inmediato sancionando a alguien.

Pero no podemos descartar que haya alguna responsabilidad del INPE, tendrá que comprobarse…

Sí, tendrá que comprobarse en caso de haber alguna responsabilidad.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) genera cierta preocupación. En la recta final tenemos a 29 aspirantes, 18 de ellos participaron antes en procesos para jueces y fiscales y no concluyeron con éxito.

El hecho de que la persona haya postulado varias veces y no haya salido no significa que no sea buen candidato. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura no era el más adecuado para seleccionar; entonces, si se presentaron ante ese Consejo, diría que no es una mala experiencia, ¿no? Sí veo buenos candidatos. Creo que es un grupo humano mucho más valioso que el que hemos tenido anteriormente, tengo la ilusión de que esto termine bien.

La directora de Selección y Nombramiento de la JNJ tuvo procesos disciplinarios en el CNM y tiene un audio con César Hinostroza. Preocupa que se haya mantenido una inercia en el personal que trabaja allí.

Efectivamente. Los nuevos miembros de la Junta van a tener que evaluar al personal que tienen internamente, (…) tienen que ordenar la casa primero. (…) Lo poco que haya quedado tienen que revisarlo y de ahí contratar a personal idóneo para que los ayude en su función. Van a tener una responsabilidad muy grande como JNJ: revisar designaciones y nombramientos de 1,400 jueces y fiscales, y ver los casos que estén en el mandato del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Hay preocupación por la celeridad de la justicia. Hace unos días salió en libertad Martín Belaunde Lossio luego de cuatro años y medio de cumplir prisión preventiva y no tiene acusación. ¿Por qué la justicia se demora tanto?

Es un tema de los órganos jurisdiccionales que tiene que ir mejorando, (…) sería ideal que no se prolonguen tanto tiempo las investigaciones, lo que pasa es que muchas veces son investigaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, eso tiene que verlo el propio órgano jurisdiccional.

Hay gran parte de la población carcelaria que está en la misma situación: recluida y sin sentencia.

Así es, y tenemos un exceso de uso de la medida de prisión preventiva. Ya la Corte Suprema ha dado un acuerdo plenario en el que ha establecido pautas que sería bueno sean tomadas en cuenta por parte de los órganos jurisdiccionales.

El equipo especial Lava Jato ha pedido nuevamente la prisión de Keiko Fujimori. Desde su punto de vista, ¿es una medida adecuada?

Eso tienen que evaluarlo los fiscales. Yo desconozco los motivos por los cuales piden esto, pero es algo que deben haber valorado, es parte de su estrategia, tengo que respetar.

El Poder Judicial ya autorizó el desembolso a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Toda la reparación civil es de S/610 millones y se pagaron S/524 millones. Uno dice: ‘si hubieras retenido ese pago, ya tenías toda la reparación’.

¿Por qué se hizo eso? El Congreso dio una ley en la que se dijo que hay que mantener en funcionamiento las empresas. ¿Qué pasa en otros países? En Estados Unidos identifican a la Volkswagen que había cometido también infracciones serias, lo que hacen es que la empresa sigue funcionando pero van cobrando la deuda. En el caso de Odebrecht, la deuda inicial que se tiene que cobrar es 80 millones y después son 15 millones anualmente.

Finalmente es una negociación y uno tiene que ceder, pero ¿no cree que el Estado pudo haber sacado un mejor acuerdo?

Es fácil mirar de lejos y decir por qué no se hizo esto, por qué no se hizo lo otro. Los que están metidos en el tema son los fiscales y la Procuraduría, y quién mejor que ellos para evaluar lo que se debería hacer. Después de este acuerdo han salido denuncias importantes que no hubiera sido posible conocer si no se hubiera hecho este acuerdo.

El caso del hospital de Moquegua ha puesto en el ojo de la tormenta al ministro de Transportes y al propio presidente Martín Vizcarra. ¿Cree que debe continuar en la cartera Edmer Trujillo?

Los ministros dependemos directamente de la confianza de la Presidencia de la República, el presidente de la República tiene que evaluar nuestro desempeño. Nosotros somos aves de paso, si no estamos trabajando bien, se nos retira; si estamos trabajando bien, se continúa.

¿Cree que hay algo irregular en el pago adelantado de 41 millones de soles por las obras del hospital?

Desconozco el caso, no lo he entrado a revisar, es un tema de otro sector.

En marzo esperamos ya contar con un nuevo Congreso, ¿cuál debe ser la prioridad de trabajo del Ejecutivo en esa fase final del gobierno que acabará el 28 de julio de 2021?

Uno de los temas que más nos preocupa es la legislación penal. Estamos recibiendo comentarios del presidente del Poder Judicial, de la fiscal de la Nación. Una de las cosas que nos interesaría muchísimo es poder impulsar la revisión de las normas penales a adolescentes infractores (…), eso nos gustaría muchísimo.

¿Y se puede hacer algo para que no haya abusos en la prisión preventiva?

Justamente ha sido ya la Corte Suprema la que se ha manifestado y hay que hacer allí un trabajo intenso con los magistrados para que cambien. (…) La mayoría de jueces, hoy en día, mandan prisión efectiva en todos los casos y eso no es bueno…

¿Y es bueno que los fiscales y jueces tengan un perfil público tan alto como está pasando con aquellos que tienen a su cargo casos emblemáticos?

Depende de cada uno, del estilo de la persona, si puede tenerlo, y en algunos casos vale la pena que lo tenga. No puedo hablar de casos específicos, pero si quieren transmitir lo que están haciendo, mejor que lo hagan público porque si no se construyen castillos de arena donde se dicen falsas verdades. Mejor cuando uno tiene la verdad, y confía en eso, que salga y que la diga porque si no la prensa te puede construir una semiverdad como real y no lo es.

¿No hay el riesgo de que vayamos a una justicia plesbiscitaria?

No, no, no. Los jueces no actúan por la prensa. La idea es que los jueces trabajen en base a su conciencia y a las pruebas que les presentan. El Poder Judicial está trabajando en base a su criterio de conciencia, uno puede comulgar o no con ellos, pero no creo que pueda pasar…

Hay un sector de la población que tiene la percepción de que hay una fuerte alianza o un juego en pared entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

No, de ninguna manera.

Revilla habla sobre muerte de dos trabajadores de McDonald’s

Se vulnera derechos laborales

Hay la percepción de que la respuesta del Estado en el caso de los jóvenes que murieron en un local de Mc Donald’s no ha estado a la altura. La Sunafil ha dicho que en 30 días emitirá un informe y el presidente que se tiene que cambiar las leyes…

Es un exceso de parte de la propia empresa que se ha portado mal, no ha hecho las conexiones adecuadamente. (…) Más allá de la respuesta, habría que identificar con mayor detalle (…) un tema de prevención; la ciudadanía no toma en cuenta esta situación de riesgo. Lo que como sector hemos hecho es poner a disposición los defensores de oficio, pero los familiares de las víctimas dijeron que van a contratar a sus propios abogados y lo que estamos haciendo es un acompañamiento porque esto es algo inadmisible, (…) es inaceptable que haya sucedido en una empresa como esta.

Pero debería haber también un esfuerzo más activo por supervisar las condiciones de trabajo. Hemos visto trabajadores que laboran 12 horas, en condiciones insalubres….

Hay mucho por trabajar como país. El Ministerio de Trabajo tiene una buena cantidad de inspectores y debe tener una línea de acceso a la población para que (esta) pueda pedir inspecciones cuando se vean algunas infracciones laborales. (…) Los jóvenes son los más vulnerados en sus derechos laborales y pueden tener acceso a algún apoyo por parte del Estado.

TENGA EN CUENTA:

* Ana Teresa Revilla Vergara es abogada, magíster en Investigación Jurídica y tiene estudios en Derecho Constitucional. Antes de asumir el cargo de ministra de Justicia se desempeñaba como jefa de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Antes fue presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y viceministra de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa.

* “Hay sectores en la sociedad que son bastante intolerantes, hay que dialogar y avanzar como país”, subrayó.

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