El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, señaló que su despacho viene trabajando una iniciativa para establecer sanciones penales orientadas a que ningún funcionario o servidor que tenga acceso a la información pública pueda hacer uso de ella con fines políticos.
"Por ejemplo, alguien con acceso al Reniec o a Registros Públicos puede sacar fichas o información patrimonial de sus opositores políticos. Eso queremos penalizarlo, básicamente, con un propósito disuasivo. Ese es el mensaje", aseveró.
Adrianzén expresó que esta propuesta, que nacerá de su sector, deberá ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros al igual que las iniciativas que formulen los diferentes sectores, quienes han recibido instrucciones para ir elaborando sus propuestas legislativas.