Luego de que se supiera que los tres jóvenes desaparecidos tras el incendio eran obligados a trabajar encerrados en contenedores, diversas autoridades y especialistas se pronunciaron al respecto.
Luis Yshii Meza, director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, dijo que en este caso se configuraría el delito de explotación laboral. "De acuerdo con el artículo 153 C del Código Penal, los responsables de este delito podrían recibir entre 25 y 30 años de prisión", sostuvo.
En tanto, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien llegó a la zona de la emergencia, indicó que los jóvenes desaparecidos no figuran en ninguna de las planillas de las 43 empresas formales que operan en el centro comercial. "Aquí había una forma precaria y abusiva de trabajo, que no puede ocurrir… Esto acarreará sanciones administrativas y, por su puesto, penales", manifestó. En tanto, la fiscal María Hinostroza, titular de la Séptima Fiscalía Penal de Lima, dispuso que la División de Seguridad del Estado PNP realice la investigación por el presunto delito de peligro común en su forma agravada, así como otros delitos por determinar.
Por su parte, el alcalde Luis Castañeda afirmó que han denunciado penalmente al gerente general de la empresa JPEG SAC, José López Ramírez, "por los delitos contra la administración pública, desobediencia a la autoridad, contra la vida, el cuerpo y la salud, y exposición al peligro", señaló.