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Ya sea de derecha o izquierda, el copamiento de las instituciones por parte del partido que asume una administración es algo que, al parecer, no distingue ideologías. La planilla del personal del Gobierno Regional de Junín, al mes de abril, muestra, por ejemplo, que en varios de los puestos claves son militantes de Perú Libre los designados para desempeñar dicha función.
En total, según la web de la entidad, hay más de 400 funcionarios al interior del Gobierno Regional de Junín. De ellos, tras un análisis realizado por Perú21, unos 100 (25%) son activos militantes del partido que dirige la actual gestión. Están incluidos los que tienen un contrato permanente e incluso los servidores CAS.
A la cabeza de la lista está, justamente, Fernando Orihuela, a quien le tocó asumir la conducción del ente regional tras la condena por corrupción del exgobernador Vladimir Cerrón, que fue revocada la semana pasada por un juez que ya fue denunciado penalmente por prevaricato.
Algunas de las direcciones regionales, gerencias y subgerencias están ocupadas por los militantes de la agrupación y son los que más ganan al interior de la entidad, según la planilla de abril (ver gráfico).
¿Por amor al partido?
Algunos de los funcionarios públicos no ocultan su respaldo a Pedro Castillo, el aspirante al sillón presidencial por Perú Libre. Varios de ellos tienen en sus redes sociales la frase: ‘Mi familia y yo votamos por Pedro Castillo’ como foto principal en su perfil.
Otros compartieron frecuentemente publicaciones de apoyo hacia el candidato y el partido (o en contra de su par de Fuerza Popular) durante la campaña presidencial.
Tal es el caso de David Porras Apolinario, quien milita en Perú Libre desde agosto del 2019, pero antes perteneció al movimiento regional del mismo nombre. Según sus propias publicaciones en Facebook, ha acompañado al partido durante la reciente campaña. Estuvo presente en los eventos del partido de Cerrón al igual que en las actividades del gobierno regional.
Yeny Flores Cárdenas, quien inició su afiliación al partido desde el 2013, ha mostrado su compromiso con la organización política, a través de sus redes, con imágenes en las que porta banderas y polos. También se ha expresado en defensa de Cerrón, sobre quien reclama “justicia”.
Otros participaron activamente desde la campaña que hizo Cerrón para llegar al gobierno regional por segunda vez.
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En el hábeas corpus
Adolfo Santos, Jaime Araujo, Efraín Cerrón, Yoana Amable y Ofelia Ríos son otros de los nombres que figuran en la planilla del Gobierno Regional de Junín. Sin embargo, también lo están en un hábeas corpus presentado en Ayacucho la semana pasada.
El recurso legal busca frenar un operativo de detención y allanamiento contra la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que se investiga desde el 2019.
No se conocen los nombres de los funcionarios, hombres de confianza de Vladimir Cerrón y participantes de la campaña de Perú Libre, que serían intervenidos. Sin embargo, un grupo de servidores se adelantó y presentó el hábeas corpus buscando pararlo por la vía legal. Aunque ellos rechazan vínculos con la organización criminal.
Camino a Servir
Que un servidor público sea militante de un partido político no es ilegal, aunque sí genera suspicacias sobre si, en esos casos, se cumplió con la meritocracia o solo valió el ‘tarjetazo’.
“Lo que convendría hacer es una acción de control funcional; es decir, que la Contraloría General de la República, el auditorio interno del gobierno regional, solicite la justificación de las contrataciones de cada una de estas personas”, refirió a Perú21 el abogado laboralista Jorge Toyama.
En su opinión, si es que se demuestra que no se siguió a cabalidad los procedimientos estipulados por ley, podrían iniciarse procedimientos administrativos y, eventualmente, hasta penales.
“Pero va a depender mucho de si se demuestra si hay algo racional o no que justifique las contrataciones”, agregó.
Por su parte, el abogado José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (Inicam), hizo hincapié en que la Ley Servir debería de llevarse de una vez por todas a los gobiernos regionales y locales.
Tello remarcó que el principal beneficiado de impulsar una carrera administrativa meritocrática sería el ciudadano, que usa los servicios de la institución.
“Estamos todavía bajo esa anacrónica visión de que se ve al Estado como un botín de guerra. Llegar y coparlo con todos los afiliados, simpatizantes o que los que apoyaron en la campaña política. Esa visión anacrónica se aleja completamente de la visión de un estado moderno”, indicó a este diario.
No solo funcionarios
Pero los militantes de Perú Libre no son los únicos que se han beneficiado. Hace unas semanas se conoció que el Gobierno Regional de Junín contrató a 545 militantes de Perú Libre como proveedores por diversos servicios y compras.
Según informó El Comercio, en total, la entidad les destinó S/8′287.326 de su presupuesto para ellos. Los contratos se hicieron desde el inicio de la gestión de Cerrón y varios de ellos también participaron en la campaña de Castillo.
Opinión
César Combina: “Eso lo van a trasladar al Gobierno”
La red de clientelaje de Perú Libre es de larga data y es, a través de ella, que han podido financiar todas sus actividades. En Junín han normalizado esta práctica, incluso con aportes de varios funcionarios para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, mientras él depositaba más de 1 millón de soles en una caja municipal. A mí no me cabe duda que la campaña de Pedro Castillo se ha financiado con dinero proveniente de ese clientelaje, porque en los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) figuran funcionarios del Gobierno Regional de Junín. Es toda una red mafiosa que ya sabe cómo operar en el Estado e ir borrando sus huellas. Todo ese aparato lo van a trasladar al Gobierno Nacional, si es que ganan las elecciones. La Fiscalía ya ha intentado desarticular esta organización criminal en Junín, pero ahora que están más empoderados, con una bancada desde el Congreso, lo que van a hacer es blindar a sus principales cabecillas y en el caso de Vladimir Cerrón, tratarán de traerse abajo la reforma que impide a sentenciados ejercer cargos públicos y postularse, así que debemos estar muy atentos al próximo Congreso.
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