El procurador ad hoc Jorge Ramírez dijo que su colega Amado Enco está "obstruyendo" las diligencias del caso Lava Jato. (GEC)
El procurador ad hoc Jorge Ramírez dijo que su colega Amado Enco está "obstruyendo" las diligencias del caso Lava Jato. (GEC)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concluyó en un informe que los US$132 millones devueltos a la empresa por la venta de la hidroeléctrica Chaglla no son fondos públicos, .

Enco había calificado de “gravísimo” que la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato acordara con la compañía brasileña que el dinero que se le entregaría provendría del fideicomiso, fondo en el que el Estado retiene los recursos de la firma para cobrar deudas y la reparación civil.

“Ese fideicomiso tiene el carácter de fondos públicos y eso es gravísimo porque lo que se ha devuelto a Odebrecht en estos días, a decir de la opinión técnica del MEF, son fondos públicos”, declaró la semana pasada.

Sin embargo, en el informe que envió el 6 de diciembre el titular de la Dirección General del Tesoro Público, José Olivares Canchari, al viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez, se señala claramente que “las retenciones ingresadas (al fideicomiso) no constituyen fondos públicos”.

“Para que los fondos del fideicomiso adquieran la condición de fondos públicos requieren cumplir tres características: i) que no constituya un flujo financiero; ii) que el flujo financiero sea un derecho de la administración financiera del sector público, es decir un activo financiero de titularidad del Estado; y iii) que la administración del indicado flujo esté a cargo del sector público lo que requiere su ingreso a la cuenta de la entidad pública correspondiente para su posterior distribución”, se lee en el documento al que accedió Perú21.

La manifestación de Enco provocó la respuesta del procurador ad hoc Jorge Ramírez, quien cuestionó a su colega por estar “obstruyendo” el acuerdo de colaboración eficaz con la compañía.

La devolución de US$132 millones, , es parte del acuerdo de colaboración suscrito entre la Fiscalía y Odebrecht. Con ese dinero, la constructora pagará las deudas que tiene con otras compañías con las que tercerizó trabajos en distintas obras.