El presidente Martín Vizcarra se encuentra en Iquitos participando del zarpe de una plataforma itinerante en la Amazonía. (Presidencia de la República)
El presidente Martín Vizcarra se encuentra en Iquitos participando del zarpe de una plataforma itinerante en la Amazonía. (Presidencia de la República)

Redacción PERÚ21

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El presidente dio a conocer hoy su oposición a devolver los S/524 millones que le reclama al Estado peruano por la venta de la hidroeléctrica Chaglla y alegó que ese dinero debe mantenerse en un fondo aparte.

"Mi posición es que dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro", declaró a la prensa desde Iquitos.

El mandatario fue claro al señalar que la constructora no debe recibir el monto que exige. "El daño (hecho por la empresa) es tan grande que no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución; cuando de acá a un corto tiempo tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos", enfatizó.

En el informe enviado por el equipo especial de la Fiscalía al Ministerio de Justicia (Minjus), , se concluye que Odebrecht no tiene procesos penales en curso, condición necesaria para que la empresa reciba los S/524 millones que reclama.

El pronunciamiento del Ministerio Público era crucial porque solo de esa manera se pude ejecutar la sentencia de colaboración eficaz de la compañía que emitió la jueza María de los Ángeles Álvarez.

La sentencia señala que si se quiere eximir a la compañía de la aplicación de la Ley N° 30737, norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil, la constructora no debe afrontar investigaciones o procesos penales.

"Lo que creo es que debería buscarse un mecanismo para hacer un fondo que esté ahí intangible mientras que se terminen todas las investigaciones", insistió el jefe de Estado.

Vizcarra agregó que se analizará lo expuesto por el equipo especial de la Fiscalía junto con el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para tomar una decisión final.