Martín Vizcarra: Nuevos líderes se oponen a vacancia al arriesgarse la estabilidad del país

El segundo intento de vacancia presidencial que se cocina en el Congreso, en complicidad con el condenado Antauro Humala desde la cárcel, es rechazado por la mayoría de nuevos líderes políticos que participarán en las elecciones generales de 2021 y que fueron consultados por Perú21.

El argumento que comparten es que dejar acéfalo al gobierno en medio de la pandemia solo generará inestabilidad y agudizará la incertidumbre en el país, que ha sido golpeado en sectores como la salud, la economía y la educación.

El mandatario Martín Vizcarra ha sido comprometido por aspirantes a colaboradores eficaces con la recepción de coimas. Y también deberá responder por los irregulares contratos que suscribieron en su gestión el compositor Richard Swing y el Ministerio de Cultura. Pero ambos casos, por más graves que parezcan, aún están en fase de investigación en la Fiscalía, que deberá corroborar lo dicho por los aspirantes a colaborador.

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“Costó mucho a la humanidad establecer la presunción de inocencia. Eso se ha tirado a la basura; no puede ser que el señalamiento de una persona te haga parecer culpable”, manifestó el precandidato presidencial del PPC, Alberto Beingolea.

Para Beingolea, este pedido de vacancia “es una pérdida de tiempo”. “Estamos en la peor crisis de salubridad, que ha provocado una severa crisis económica, y nos agotamos en debates estériles”, sostuvo.

Fernando Cillóniz, precandidato por Todos por el Perú, aseveró que este Parlamento “se ha caracterizado por tener personajes que juegan con el país”. Indicó que los parlamentarios “aprovechan el concepto difuso de la vacancia” para socavar “la institución presidencial. Tenemos que tragarnos el sapo, nos guste o no, y que Vizcarra termine su mandato para preservar la institucionalidad”.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, defendió la continuidad del presidente para que se encargue de “doblegar el contagio y reactivar la economía”.

“Vizcarra debe saber que, tras la expiración de su mandato, va a rendir cuentas ante la sociedad y la justicia”, dijo.

El aspirante presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, también se opone a una defenestración de Vizcarra. “Yo no voy a caer en el juego de Antauro Humala para petardear la democracia”, alegó.

“Lo peor para las inversiones es este clima de inestabilidad política; estamos a cinco meses de un proceso electoral y lo que debemos garantizar es que se realice con normalidad”, manifestó Salaverry.

El precandidato por Acción Popular, Yonhy Lescano, consideró que las intenciones para retirar al jefe de Estado “responden a intereses políticos y no de justicia”.

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“El Congreso es un ente político, pero debe defender el debido proceso, y vacar a un presidente sin pruebas es irresponsable”, señaló.

Máximo San Román, precandidato presidencial de Contigo, demandó “parar los enfrentamientos políticos”. “El Legislativo no puede estar entrometiéndose en funciones de la justicia; ejecutar la vacancia es sancionar antes de que se esclarezcan los hechos”, argumentó.

Richard Arce, quien encabeza la plancha presidencial de Renacimiento Unido Nacional, insistió en que la vacancia “está digitada desde el penal”, en referencia a Antauro. “Las elecciones ya están convocadas, faltan cinco meses, no hay sentido para remover al capitán del barco cuando estamos en altamar”, explicó.

También están los que respaldan la vacancia. La precandidata del Apra, Nidia Vílchez, expresó que “el Congreso está haciendo la labor que le compete” y responsabilizó al mandatario de esta situación “por no renunciar”.

El precandidato por el Frente Amplio, Marco Arana, aseguró que la crisis la inició el Ejecutivo por los cuestionamientos que recaen sobre su cabeza. “El factor de desestabilización viene de un presidente que, en menos de tres meses, tiene serias acusaciones por obstaculización de la justicia y corrupción”, apuntó.

La ciudadanía se ha pronunciado. Según la última encuesta de Ipsos, el 78% de peruanos cree que Vizcarra debe culminar su mandato y ser investigado al dejar el poder. El Congreso decidirá el lunes 9 la destitución.

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