La nueva denuncia constitucional que complica al expresidente Martín Vizcarra con el direccionamiento de compra de pruebas rápidas en plena pandemia del COVID 19 compromete también a los exministros de Economía, María Antonieta Alva; y de Salud, Víctor Zamora.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó evidencias al Congreso que demostrarían una concertación entre Vizcarra y Alva para la referida adquisición pese a que en sesión del Consejo de Ministros del 18 de marzo del 2020 no se detalló el tipo de implementos a obtener.
En esa cita, según el Ministerio Público, la entonces titular del MEF propuso promulgar un decreto de urgencia para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control de COVID-19.
Lo que finalmente votó el Consejo de Ministros fue autorizar a la Central de Compras Públicas (Perú Compras) y a requerimiento del Instituto Nacional de Salud (INS), a efectuar las contrataciones de bienes y servicios para la obtención, transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico del coronavirus.
El Decreto de Urgencia de Alva no tenía sustento técnico y fue publicado un día después, el 19 de marzo de 2020.
«Se tiene que María Antonieta Alva Luperdi puso de manifiesto su intención de participar en las negociaciones y adquisición de la prueba de diagnóstico para la prevención y control del COVID-19, gestionando con celeridad la inclusión de su propuesta (…) a pesar de no contar con información y documentación técnica que sustentara dicha propuesta», se lee en la denuncia fiscal.
Empresas favorecidas
Para Espinoza, existió un interés entre el exmandatario y la exministra de direccionar la compra porque ese 19 de marzo, Vizcarra declaró en conferencia de prensa que se adquirirían 1 millón 400 mil pruebas cuando el INS aún no había presentado ningún plan.
«Los mencionados funcionarios públicos habrían desnaturalizado la decisión política adoptada por el Consejo de Ministros para direccionar las actuaciones de la futura contratación a favor de sus pretensiones e intereses, esto es la adquisición de las denominadas «pruebas rápidas», generando de esa manera condiciones propicias para la adjudicación del contrato a determinadas empresas», concluye la Fiscalía.
Mientras se tomaban las decisiones políticas, las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC conseguían autorizaciones para la importación y uso de dispositivos médicos sin registro sanitario en situaciones de urgencia.
Lo que señala la denuncia es que la ministra Alva Luperdi convocó a una reunión en la sede del MEF a la que acudieron los representantes de ambas compañías el 18 de marzo de 2020, el mismo día que esta requirió en Consejo de Ministros aprobar el cuestionado Decreto de Urgencia.
La Fiscalía indica que Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies SAC fueron «coincidentemente» las que propusieron la compra de pruebas rápidas contra el COVID-19. El Estado peruano desembolsó US$3’273,947 a la primera empresa y US$3’233,200 a la segunda por contrato directo.
Según la investigación, a esta trama de corrupción se adhirió Víctor Zamora como ministro de Salud al haber realizado acciones que viabilizaron la adquisición y uso de pruebas rápidas.
El delito que se imputa a Vizcarra, Alva y Zamora es colusión agravada.
El Parlamento deberá evaluar la denuncia constitucional y aprobarla para que el Ministerio Público continúe con el proceso penal e interponer una acusación.
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