La Comisión Permanente del Congreso aprobó un nuevo informe que inhabilita a Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos. (Foto: Difusión)
La Comisión Permanente del Congreso aprobó un nuevo informe que inhabilita a Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos. (Foto: Difusión)

La aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar al expresidente por 5 años para ejercer cualquier cargo público.

La acusación fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma, quien argumentó que el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 2016 y 2017.

El informe fue aprobado por unanimidad (23 votos a favor). Vizcarra Cornejo fue acusado por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política, referido a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

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No obstante, el informe concluye que no se ha podido demostrar que el expresidente haya “favorecido los intereses económicos” de la empresa Obrainsa en la adjudicación de una serie de obras (construcción de puentes), así como la construcción de kilómetros de carretera.

El documento agrega que la Constitución establece un conjunto de prohibiciones e impedimentos a los ministros de Estado como son los siguientes: no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros; no pueden ejercer actividad privada, y no pueden intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.

Del mismo modo, con 22 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó la designación del congresista Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) para sustentar el informe final aprobado de la Denuncia Constitucional 290.

Cabe indicar que durante la sesión, la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), informó que el exmandatario envió un documento explicando que no podrá asistir al debate de dicho documento, debido a que se encontraba mal de salud.

Por ello, el exmandatario solicitó la reprogramación de su presentación ante dicho grupo de trabajo. Sin embargo, el pedido fue rechazado por los integrantes de la Comisión Permanente.

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