Procurador general pide a Fiscalía reabrir investigación contra Martín Vizcarra por caso Chinchero

Fecha Actualización

25/01/2022 - 19:16

El procurador general Daniel Soria solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reabra la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por su presunta responsabilidad como ministro de Transportes en la suscripción irregular del contrato de ejecución del aeropuerto de Chinchero (Cusco) con el consorcio Kuntur Wasi.

En 2018, el entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, decidió no continuar la investigación contra Vizcarra pero sí mantuvo abierta la carpeta, en la que también estaba comprometida la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli.

A través de una nota de prensa, la Procuraduría informó que se han hallado nuevas evidencias que pueden sustentar una nueva indagación.

“El procurador Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción, como por ejemplo el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río. Para el Procurador General esto sería un indicio del nivel de coordinación y relación entre el exministro denunciado y el gerente general”, indica la misiva.

Agrega que se encontró en poder de Balta del Río dos proyectos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que servirían de apoyo para la firma del contrato. “Lo irregular es que se ha comprobado que ambos proyectos estuvieron primero en manos del empresario, antes que en poder de los funcionarios del Estado”, argumenta.

Soria preció que la Fiscalía cerró el caso Chinchero el pasado 18 de noviembre del 2020; sin embargo, esta decisión recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General el pasado 19 de noviembre del 2021.

El procurador cuestionó el informe del 18 de noviembre señalando que “no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público”.

“(en el informe) no se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, únicamente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la Fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado”, sustentó.

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