El presidente Martín Vizcarra informó que oficiará a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para expresar su disposición a declarar en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre la irregular contratación, por parte del Ministerio de Cultura, del compositor Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing, en el periodo 2108-20.
“No hay ningún delito. Vamos a participar y ser parte de la investigación. No nos escudamos en el cargo; no vamos a esperar al 28 de julio de 2021 para dar declaraciones”, sostuvo el mandatario tras reiterar que no ha habido ningún afán de obstrucción de la justicia en este tema.
En su presentación, tras la sesión del Consejo de Ministros, Vizcarra abordó el tema en respuesta a la pregunta de un medio de comunicación que lo cuestionó por minimizar la discusión sobre el caso Swing alegando que es una contratación entre miles que se realizan en el sector público.
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El jefe de Estado no respondió directamente al emplazamiento. En lugar de eso, se puso a disposición de la Fiscalía, expresó su respeto a la investigación que se lleva a cabo en ese fuero y reiteró su disconformidad con la detención de sus excolaboradores Mirian Morales, Karem Roca y Oscar Vásquez alegando que el caso Richard Swing está “sobredimensionado y desproporcionado”.
Marcó, además, distancia respecto a las indagaciones que realiza la Comisión de Fiscalización y puso en tela de juicio la idoneidad de su titular, Edgar Alarcón, quien anunció que el grupo le remitirá al presidente un pliego de 60 preguntas sobre el caso Swing.
“Antes de hacer preguntas, él tiene que dar respuestas sobre este intento de conspiración o de real conspiración para tratar de vacar al presidente por un interés particular y poner a todo el país en zozobra. Está cuestionada la investigación que realiza el congresista Alarcón”, manifestó.
-El Pleno del Congreso debatiría hoy el pedido de la Comisión de Fiscalización para que se amplíe por 30 días el otorgamiento de facultades especiales para investigar la contratación de Cisneros.
-El referido grupo de trabajo prevé incluir en sus indagaciones otras contrataciones irregulares en ministerios y entidades públicas.