La Contraloría emitió un informe de orientación de oficio sobre Essalud, presidido por Mario Carhuapoma, respecto de “la designación de funcionarios sin previa evaluación y cumplimiento de perfiles de puesto en cargos de confianza”.
El documento, al que accedió Perú21, advierte que se detectó tres situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la legalidad de las designaciones, así como el desempeño eficiente y eficaz de la función pública en Essalud.
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Los actuales funcionarios comprometidos son Roberto José Bedón Serpa y José Romero Oscco. Sobre ellos se constató que su designación en los cargos de confianza de Asesor III se efectuó sin contar con el expediente correspondiente ni con la “propuesta de puesto de ejecutivo”. El 9 de setiembre, el entonces secretario general, Amado Enco, dejó constancia de estas irregularidades en un documento.
El informe indica que la gerente general, Martha Linares, le solicitó a Carhuapoma tomar “una decisión definitiva” sobre ambos caso. Luego de ello, Enco y Linares renunciaron.
Por otro lado, se detalla que sobre el caso de Bedón recién se “viene efectuando el cotejo y revisión de la documentación que acredite que cumple con el perfil para el puesto”. En el caso de Romero, se señala que “recién se inició la evaluación del expediente”.
La Contraloría también detectó que la bachiller en psicología Melva Elena Romero Jiménez fue colocada en el cargo de confianza de Jefe de División, nivel Ejecutivo 6 de la Oficina de Relaciones Institucionales, sin cumplir con el perfil académico, profesional ni con la experiencia para el puesto. En su currículo solo acredita tener experiencia laboral como coordinadora y supervisora donde no ejerció las funciones requeridas para el cargo en Essalud, donde debe “diseñar e implementar estrategias comunicacionales, de imagen institucional ante la opinión pública y campañas de salud para todo el país”. A pesar de ello, Romero consignó que cumple con todos los requisitos exigidos.
Sobre los tres casos, el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Leonarte, detalló a Perú21 que “podría haber alguna responsabilidad administrativa o de invalidez de documentos que hayan firmado (los designados). Por eso, no se trata de colocar gente por cinco años y no pasa nada; la responsabilidad te persigue y, peor aún, afecta a los asegurados”.