”Tienen derecho a protestar, pero otras personas tienen derecho a transitar libremente. La pena por el entorpecimiento a una vía de comunicación, como la toma de carreteras, es de 8 años de cárcel, igual que resistirse a la autoridad; y si se pone en riesgo a personas vulnerables, la sanción es 4 a 8 años. Si se sumaran las penas, los autores materiales pueden ir más de 20 años a prisión. El día que se detenga a los dirigentes, vamos a observar que estas situaciones no se presentarán”.
“Se ha vuelto común que si quiero algo, inmediatamente tomo la carretera, y esto porque no se actúa, se ha perdido el principio de autoridad. Llama la atención que la Fiscalía no haya dicho una palabra sobre estos hechos. El Ministerio Público, con estos videos, puede pedir que la Policía detenga a los autores de los actos vandálicos. Ya es tiempo de que actúe porque esta omisión de no actuar da lugar a la impunidad, no hay sanción. Ni el Estado ni los funcionarios deben ceder a conversar con los delincuentes, porque los que han cometido un delito son delincuentes”.