El Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, rechazó la información publicada por varios medios en la que vinculan la institución con unas supuestas irregularidades en la adquisición y ejecución de diferentes bienes y servicios.
En un comunicado se informó que la adquisición de los diversos bienes y servicios cuestionados, se ejecutaron “en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes”.
Resaltan que estas adquisiciones se realizaron de Gobierno a Gobierno, entre Canadá y Holanda, y mediante otras vías del proceso internacional justamente para garantizar la ejecución de forma transparente, siendo objeto de posteriores auditorías.
“La Marina de Guerra del Perú, viene empleando la mayoría de estos bienes adquiridos en acciones de ayuda humanitaria, en beneficio de la población afectada por desastres naturales en diversas zonas del país y rechaza rotundamente cualquier acto de corrupción dentro y fuera de la institución, por lo que, de ser requeridas, se darán todas las facilidades para confirmar que los procedimientos seguidos en la ejecución de estos proyectos de inversión pública, se realizaron dentro del marco administrativo legal vigente”, se lee en parte del comunicado.
Como se sabe, la Procuraduría Anticorrupción del Callao presentó el último viernes 13 de setiembre siete denuncias penales por supuestas compras amañadas con malversación de fondos en perjuicio del Estado peruano, que involucran al expresidente Ollanta Humala y a su ex primer ministro Pedro Cateriano.
Según el programa ‘Panorama’, las denuncias son por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y malversación de fondos por la compra de un buque y el desvío de fondos a otras instituciones del Estado.
Sin embargo, un vocero de la institución manifestó que en el caso del BAP Tacna, la Contraloría y el Congreso han investigado este proceso por bastante tiempo sin encontrar ninguna irregularidad. Además, se indicó que los casos están por archivarse tras dos años de investigación y se han rechazado los recursos del procurador.