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La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, aseguró este miércoles que todos los poderes del Estado deben actuar para revertir la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional.
La magistrada indicó que el reciente fallo del organismo a su cargo sobre esta problemática busca “salvaguardar los derechos fundamentales de la población penitenciaria".
“El TC ha hecho un análisis y ha extendido su tutela para señalar que hay una situación inconstitucional que se llama hacinamiento penitenciario. Esto consiste en que se aprecia que las capacidades de los penales sobrepasan su poder de cobertura y eso genera una afectación a la salud, a la integridad, a la vida digna de una persona que constituye un deber del Estado preservarlo al margen que esté libre o detenida”, sostuvo en diálogo con Canal N.
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“Esto nos involucra a todos, al Legislativo, al Ejecutivo y al Poder Judicial. Tenemos que mirar todo ese grupo social y replantear la mirada hacia el tratamiento penitenciario que se está dando desde las cárceles”, señaló.
Ledesma indicó que el Tribunal Constitucional ha dispuesto “que si en 5 años no se mejoran las condiciones carcelarias en algunos centros penitenciarios en los que ya no es posible la convivencia” tendrán que cerrar. Consideró, en esa línea, que las autoridades judiciales deben valorar mejor las sanciones en determinados casos de delitos leves.
“Las cárceles deben ser el fin último y deberían orientarse más para delitos que generen grave peligro social, pero de ninguna manera para delitos leves que constituyen un gran reproche social, pero son de leve peligrosidad, y no justifican que tengan la misma privación que delitos que sí generan una alerta y un peligro social. [...] El Poder Judicial que debe tener una mirada prudente y ponderada a tutelar qué tipo de bien jurídico se debe proteger”, manifestó
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“El TC ha sido muy enfático en señalar que si en 5 años no se mejoran las condiciones carcelarias en algunos centros en los que ya no es posible la convivencia por sus condiciones de hacinamiento, se tendrán que cerrar las cárceles para tomar otro tipo de medidas para permitir que los detenidos que subsistan ahí tengan una vida algo digna en las condiciones penitenciarios”, explicó.
El martes 26 de mayo el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró como “inconstitucional” el hacinamiento en los penales del país y dispuso que tanto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como otras instituciones encargadas tomen acciones que den una solución a este tema.
A favor votaron la presidenta del TC, Marianella Ledesma (ponente de la causa), seguida por los magistrados Carlos Ramos, Augusto Ferrero, Ernesto Blume, Manuel Miranda y Eloy Espinosa- Saldaña. José Luis Sardón fue el único voto en contra.
La decisión de declarar la inconstitucionalidad del hacinamiento penitenciario se realizó tras analizar el expediente 05436-2014-HC (Caso C.C. B vs el Instituto Nacional Penitenciario). La decisión se adopta en el marco de la pandemia mundial del coronavirus.
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