María Elena Foronda expuso sus alegatos de defensa durante el pleno de hoy. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)
María Elena Foronda expuso sus alegatos de defensa durante el pleno de hoy. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

Redacción PERÚ21

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La congresista (Frente Amplio) rechazó el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que plantea sancionarla con 60 días sin goce de haber contratado a una sentenciada por terrorismo en su despacho y aseguró que no ha cometido ninguna falta ética.

En su intervención, afirmó que el documento aprobado por ese grupo de trabajo tiene varias "inconsistencias", pues no precisa qué artículos del Código de Ética del Parlamento ha infringido.

"Al momento de su contratación (Nancy Madrid) había cumplido con su sentencia y se encontraba rehabilitada. No existe norma que disponga, obligue o condicione a los congresistas a informar el pasado del trabajador de confianza", señaló.

"No fue notificada sobre el cargo que se le imputa, no se precisa qué artículos del Código de Ética habría vulnerado. No he cometido ninguna falta ética. Mi derecho de defensa ha sido vulnerado y tampoco se respetó el debido proceso", manifestó.

En ese sentido, manifestó que el informe final concluye que habría vulnerado los principios de responsabilidad y transparencia contenidos en el Código de Ética por no informar del pasado de un trabajador, pese a que, según ella, son hechos "absolutamente diferentes".

La parlamentaria rechazó cualquier intento de vinculación con  ideologías terroristas y adelantó que, de prosperar la sanción de la Comisión de Ética, acudirá a otros fueros.

"La sanción que se me pretende imponer se encuentra muy lejos de ser justa, objetiva y motivada. De prosperar, será en otros fueros a los que me veré obligada como ciudadana a recurrir para encontrar y alcanzar la justicia que al parecer no existe en cierto sector de este Parlamento", subrayó.

Como se recuerda, en mayo de 2018, el programa Panorama reveló que Foronda contrató como asistente de su despacho a Nancy Madrid Bonilla en julio de 2016, fue condenada por el delito de terrorismo.

Madrid cumplió una sentencia de 18 años de prisión por ser militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y administradora de las llamadas "cárceles del pueblo", según la Dircote.