Marcos Ibazeta. Abogado de ex marinos caso El Frontón. (Perú21)
Marcos Ibazeta. Abogado de ex marinos caso El Frontón. (Perú21)

El abogado de los ex marinos acusados por el , , analiza la denuncia constitucional que, por ese caso, tiene contra las cuerdas a cuatro magistrados que decidieron eliminar de una sentencia la parte que declaraba que los presuntos delitos cometidos no constituían lesa humanidad.

Como ex juez, ¿le preocupa que magistrados del TC puedan ser destituidos por el Congreso por interpretar el sentido de un voto en el caso El Frontón?
Todos hablan de destitución, pero la denuncia, simplemente, es para que el Parlamento, usando sus atribuciones de fiscalización, investigue lo que ha pasado, detecte responsabilidades e imponga la sanción que corresponda, porque estamos ante un hecho irregular, una malinterpretación del voto que emitió, en 2013, el entonces magistrado Juan Vergara Gotelli.

Vayamos por partes. ¿Para usted, la destitución no es la sanción que se impondrá en este caso?
Hay una suma de sanciones. Apercibimiento, amonestación, infracción, suspensión, no sabemos qué impondrá el Congreso. Ninguna investigación tiene una condena de antemano, no se puede hablar aún de destitución. Se tiene que establecer la magnitud de la responsabilidad en virtud del hecho y, de acuerdo a esa gravedad, se establecen los niveles de sanción.

¿Por qué cree que los cuatro magistrados del TC malinterpretaron el voto de Vergara Gotelli?
El voto de Vergara Gotelli señala que no hay crimen de lesa humanidad en el caso El Frontón, pero indica, además, que eso no debe discutirse en sede constitucional. Sin embargo, de esa lectura, los miembros del TC indican que Vergara se contradice con la sentencia y, por eso, su firma no debe estar en el fallo final. Un magistrado puede discrepar, emitir un voto con una argumentación diferente, pero cuando se firma la sentencia en mayoría, asume la decisión de la mayoría, ese es el voto concordado. El único que puede decir que votó sin darse cuenta es Vergara, pero no lo ha hecho.

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña comentó en Perú21 que hubo un pedido de subsanación en ese entonces, pero los miembros del TC no quisieron aceptarlo.
Nos sorprende que se esté usando ese tipo de argumentos, de jugar al rumor. Vergara Gotelli no era un discapacitado, estaba en pleno uso de sus funciones. Si ahora alguien dice que no lo dejaron, lo ponen en mala posición.

Entonces, ¿cómo evalúa el accionar de los magistrados del tribunal?
Ellos ya no podían cuestionar la firma de Vergara Gotelli porque se había votado en mayoría.

Pero debían pronunciarse porque era un requerimiento del procurador Luis Alberto Huerta.
Ellos debían hacer, primero, un análisis de la naturaleza del voto, cómo se vota y qué resultados se pueden producir durante la votación hasta la firma de la resolución final. Los magistrados no hicieron eso porque nadie ha tocado la figura del voto concordado.

Espinosa-Saldaña argumentó que no se afectó la cosa juzgada porque no cambiaron el sentido del voto de Vergara Gotelli. ¿Qué opina de esa explicación?
Pero claro que han afectado la cosa juzgada. En la sentencia de 2013, el TC señaló que el caso El Frontón no calificaba como lesa humanidad bajo ninguno de los estatutos internacionales. Por lo tanto, al interpretar un voto para generar un empate, otra vez hemos vuelto a la imprescriptibilidad y se mantiene una herida abierta desde 1986.

¿Qué buscan los ex marinos con la denuncia a los magistrados si la última resolución no se puede revertir?
Queremos sentar un precedente. No hay islas en las que se pueda cometer abuso de autoridad de manera impune, en el Estado los controles deben funcionar. No podemos permitir que en el Estado tengamos entidades que hacen lo que se les da la gana, alterando la paz social.

La Constitución también señala que la sentencia de un juez no puede ser objeto de sanción.
La Constitución dice que el magistrado es responsable de su voto, pero si este va contra la ley, es prevaricato. Si ese voto manipula la interpretación de los hechos para crear un sofisma y darle un marco de legalidad que no tiene, eso también se sanciona. Si no, no existirían los órganos de control que destituyen a los jueces.

¿No cree también que hay responsabilidad en el Poder Judicial por no definir si hubo crímenes de lesa humanidad?
Se comparte la responsabilidad con la Fiscalía, pero esta última es la que no sabe formular acusaciones adecuadamente.

¿En qué etapa se encuentra el juicio oral?
Todavía no se ha iniciado el debate oral. Estamos en una etapa de saneamiento previo porque la Fiscalía tiene uno y mil defectos. Hay que enfrentar los hechos y aclararlos de una vez. Todavía no se define bajo qué estatuto se llevará el juicio oral, quisieron aplicar el derecho internacional consuetudinario, pero este debe ser recogido –por tratarse de derechos humanos– por una comunidad de naciones o en la jurisprudencia de un tribunal internacional.

Autoficha

- “Soy especialista en Derecho Penal. Fui presidente de la Corte Superior de Lima, de la Sala Penal Antiterrorista y decano del Colegio de Abogados de Lima. Lo que nos sorprende en el caso El Frontón es que la Fiscalía acuse crímenes de lesa humanidad y no defina el estatuto”.

- “Basta de dar facilidades al terrorismo para atacar a los agentes del Estado y presentarlo como genocida. Ha habido actos de pleno abuso de poder, pero esa no ha sido política sistemática del Estado. Lo estamos presentando como un agresor”.

- “No hubo crimen en El Frontón. Ese fue el resultado de un motín con toma de rehenes de parte de Sendero Luminoso. Lo preocupante es que se ha lanzado a la colectividad que estamos ante crímenes de lesa humanidad, calificando de criminales a los marinos”.