Tras permanecer cinco días en el poder, Manuel Merino renunció a la Presidencia tras los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado. (Foto: Presidencia)
Tras permanecer cinco días en el poder, Manuel Merino renunció a la Presidencia tras los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado. (Foto: Presidencia)

El congresista de Acción Popular, , requirió a la Presidencia de la República que le cubra los gastos por la defensa legal que le asistirá en el proceso penal que se le sigue por los asesinatos de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante las marchas del 14 de noviembre pasado.

En la resolución de la Subsecretaría General se detalla que el parlamentario, quien gobernó el país entre el 10 y 15 de noviembre, presentó la solicitud el viernes 4 de diciembre.

Merino invocó la ley del Servicio Civil que establece que los funcionarios tienen derecho a contar con asesoría legal en procesos judiciales ejecutadas durante el ejercicio de sus funciones.

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El 16 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación a Merino de Lama, al expremier Ántero Flores Aráoz y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

Los delitos que se le imputan son abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada.

“La Oficina General de Asesoría Jurídica precisa que se imputa al citado funcionario responsabilidad por diversos hechos vinculados con una serie de intervenciones policiales producidas en las manifestaciones sociales ocurridas entre el 10 y 16 de noviembre de 2020, periodo en el que ejerció el cargo de presidente de la República”, señala la disposición a la que accedió Perú21.

La Ley de Servicio Civil estipula en el artículo 35, inciso l), que de hallarse responsabilidad de carácter administrativa o penal en el servidor público, este deberá reembolsar el dinero gastado por el Estado en su defensa.

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