Desconectados y aprovechados: autoridades de espaldas a la realidad

Una de las últimas declaraciones del primer ministro Ántero Flores-Aráoz grafica bien el problema de la crisis que atraviesa el país. “No entiendo qué es lo que desean, estoy dispuesto a escucharlos”, exclamaba el jefe del gabinete sobre las multitudinarias marchas desplegadas a nivel nacional tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Flores-Aráoz, en entrevista con ATV, aseguraba que su designación, a cargo del nuevo presidente Manuel Merino, era legítima y se amparaba en la Constitución para defenderla. “Quiero comprender que algo les fastidia (a los manifestantes), pero no sé qué es”, insistía. No reparaba en que una mayoría de peruanos, el 78% de acuerdo con Ipsos, nunca quiso tener a Merino de mandatario. Nunca se quiso llegar a este escenario.

Otro miembro de su gabinete, el flamante ministro de Educación, Fernando D’Alessio, despreció a los manifestantes que marchaban pacíficamente por la calle y no dudó en señalar que las movilizaciones “están organizadas por el Movadef”, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Luego se disculpó.

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Hasta la ministra de Justicia, Delia Muñoz, llamada a respetar un derecho tan fundamental como la protesta, declaró que las manifestaciones no eran espontáneas y que advertía “una incentivación” detrás. En otras palabras, no creía en la indignación.

En setiembre, el 79% de ciudadanos, según Ipsos, ya coincidía en que Vizcarra debía terminar su mandato. Desde ese mes, luego del destape del caso Richard Swing, 41% de encuestados señalaba que el entonces presidente debía ser investigado por la Fiscalía al culminar su gobierno en julio de 2021.

Era la reacción de la gente en medio de la propagación del coronavirus, una pandemia que cobra, hasta el momento, la vida de más de 35 mil peruanos y que dejó sin trabajo a más de 6 millones, según cifras del INEI. Las preocupaciones eran conocidas.

Una conclusión inmediata, entonces, es que el descontento que la gente manifiesta en las calles responde a que sus autoridades no les hicieron caso.

¿A qué juegan?

Los congresistas fueron los que impulsaron la vacancia dos veces en un mismo año y en medio del bajón económico provocado por el COVID-19. Para el psicoanalista Enrique Roig, los legisladores actuaron a espaldas de sus electores.

“Se nota que funcionaron en una situación egocéntrica y ventajista, y actuaron por proyectos personales; no es posible que no se perciba una realidad tan obvia producto de la pandemia”, señaló a Perú21.

Roig sostuvo que los parlamentarios “perdieron la percepción de solidaridad por un exceso de personalismo”. “La vacancia fue una fachada para hacerse de un botín y tener un espacio temporal para cambiar todo por lo que hemos estado luchando tanto como país”, alegó.

El analista político Martín Tanaka consideró que existe “una desconexión tremenda de la realidad” por parte de las autoridades.

“Lo que tenemos ahora en el Parlamento son etiquetas, registros que le permiten a aventureros lanzarse a la política; es terrible constatar que tenemos problemas en representación política”, argumentó.

Su colega Eduardo Dargent puso de ejemplo al líder de la bancada de izquierda del Frente Amplio, Marco Arana, para demostrar esta desconexión. “Arana, a través de su bancada, logró darle el poder a un irresponsable, a alguien que está en las antípodas de su pensamiento, a un Consejo de Ministros conservador y de derecha, Vizcarra no era lo mismo; la ideología de Arana le impide ver una realidad más compleja”, explicó.

Ahora resulta que el Frepap, uno de los bloques que votaron por la destitución de Vizcarra, no le dará la confianza al gabinete Flores-Aráoz. El legislador de Acción Popular Hans Troyes seguirá el mismo camino, a pesar de que lo une a Merino el mismo partido. Parece que no midieron las consecuencias de sus actos.

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