El Poder Judicial exige que Edwin Donayre  cumpla con los cinco años y seis meses de prisión que fueron dictados por el caso conocido como 'Gasolinazo'.
El Poder Judicial exige que Edwin Donayre cumpla con los cinco años y seis meses de prisión que fueron dictados por el caso conocido como 'Gasolinazo'.

Redacción PERÚ21

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La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evaluará este lunes 3 de diciembre el caso del congresista , de Alianza para el Progreso (APP).

El fujimorista Octavio Salazar, presidente de dicho grupo, declaró que una vez revisado el tema se decidirá si se declara la admisibilidad del requerimiento judicial.

El Poder Judicial reiteró el lunes su pedido de que se autorice la ejecución de la sentencia condenatoria que pesa sobre el legislador. ¿La razón? Donayre fue sentenciado a prisión efectiva por haber cometido el delito de peculado en agravio del Estado por la apropiación ilícita de combustible asignado a las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en 2006.

El congresista Hernando Cevallos, de Nuevo Perú (NP), dijo a Perú21 que, por lo pronto, APP debería suspender al legislador de su bancada. “Debería ser desaforado”, agregó.

En la misma línea, la congresista Ana María Choquehuanca, vocera alterna de Peruanos por el Kambio (PpK), declaró a este medio que espera que el bloque parlamentario de Donayre pueda analizar bien la situación.

“Ellos no van a hacer caso omiso a la segunda reiteración del Poder Judicial para que se levante su inmunidad parlamentaria”, añadió.

De otro lado, el legislador Richard Acuña, portavoz alterno de APP, indicó que no blindarán a nadie, pero cree que es necesario darle la oportunidad de defenderse.

Cabe precisar que el ex congresista Luis Iberico, quien dejó de ser embajador de Perú en Italia hace unos días, es accesitario de Donayre y lo reemplazaría en caso sea desaforado del Congreso.

Tenga en cuenta
La congresista Betty Ananculi (Fuerza Popular) se presentó ayer en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Ella es acusada de falsificación y uso de documentos públicos en agravio del Estado.

Se defendió diciendo que su denunciante busca favorecer a su accesitaria.