A la jueza María de los Ángeles Álvarez le bastó unas cuantas horas para concluir que la investigación fiscal a Luis Castañeda Lossio por los presuntos aportes irregulares de OAS era muy compleja, y que para garantizar la colaboración del exalcalde de Lima, era necesario dictarle impedimento de salida del país.
Sin embargo, en su resolución emitida el pasado jueves, a la que accedió Perú21, la magistrada acoge en parte el requerimiento del fiscal Carlos Puma: ordenó que la medida restrictiva sea por el plazo de 18 meses, y no de 36 meses como lo requería la Fiscalía.
“El término de 36 meses sería excesivo, por lo que dosificando el tiempo de duración de la medida y atendiendo la complejidad alegada, y a las diligencias precisadas, consideramos razonable y proporcional establecerlo en dieciocho meses, tiempo suficiente para que la Fiscalía pueda migrar a otra etapa de la investigación”, sustentó Álvarez.
La disposición también alcanza a la abogada Giselle Zegarra; al exdirector de Protransporte, Martín Bustamante; al exsecretario general de Solidaridad Nacional (SN), José Luna Gálvez; y a los exgerentes de Promoción de la Inversión Privada, Jaime Villafuerte y Alfieri Lucchetti.
En este lapso, Puma tomará la declaración del exburgomaestre, que fue postergada a pedido de él mismo; recabará información en la ONPE sobre los aportes de campaña declarados por SN; y recibirá la documentación exigida al partido político.
Lo que busca el fiscal es esclarecer si el supuesto aporte de US$220 mil de OAS en 2014 sirvió para asegurarse la adjudicación de obras durante la gestión de Castañeda, como lo reveló un colaborador eficaz de la misma compañía.
En ese sentido, el fiscal reveló que Leo Pinheiro, expresidente de OAS, buscó acercarse a Castañeda Lossio cuando estaba finalizando la gestión de la hoy detenida exalcaldesa Susana Villarán.
La mediadora habría sido Giselle Zegarra, a quien se le imputa los delitos de colusión y tráfico de influencias. “OAS contrata a Zegarra de 2014 a 2015 como consultora y, tras concluir su labor, solo un día después, la municipalidad la contrata a ella”, precisó la Fiscalía.
Según su hipótesis, Zegarra “respondía a los intereses” de la constructora brasileña y por ello emitió opinión favorable, siendo funcionaria, para que se aplique una adenda al contrato de fideicomiso –acordado durante la administración de Villarán– y así reemplazar la obra Río Verde por el by-pass 28 de Julio y la alameda Plaza Nueva.