Luciana León reclama por allanamiento pero especialistas la aclaran

La legisladora aprista Luciana León está usando todos los recursos legales para ponerle trabas a la investigación que le sigue la Fiscalía por presuntamente haber cobrado cupos a la organización criminal Los Intocables Ediles.

Luego de que los fiscales del Área de Enriquecimiento Ilícito allanaran su vivienda, hace una semana, la congresista busca ahora que las evidencias que le incautaron y que no niega –su celular, agendas y más de S/5 mil en efectivo– no sean usadas en su contra en la indagación.

En el recurso de apelación que presentó al Poder Judicial, y al que accedió Perú21, León argumentó que la intervención a su vivienda y despacho del Parlamento fue ilegal porque se violaron sus derechos como parlamentaria en ejercicio.

Para sostener esa tesis citó el artículo 93 de la Constitución. Esa norma indica que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones...”.

La integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, además, requirió que el Ministerio Público “no utilice ningún bien, documento, información o data digital incautada”.

Además, solicitó que se “elimine toda la información y data digital asegurada”, así como que se deje sin efecto el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la misma resolución que autorizó el allanamiento.

El juez Hugo Núñez, quien autorizó las incautaciones, admitió la apelación de León y la elevó a la Sala Penal Especial tras cumplir con todas las formalidades. Ahora esa instancia debe analizar si concede o no el recurso.

De acuerdo con la investigación, la representante del Apra le cobraba entre S/15 mil y S/20 mil al financista de la banda criminal Alexander Peña Quispe a cambio de interceder en su favor ante el Ministerio de Economía.

Existen conversaciones telefónicas y comunicaciones entre la detenida asesora de León, Betsy Cecil Matos Franco, y Peña Quispe. Matos era la encargada de coordinar los presuntos cobros de cupos en favor de la exparlamentaria.

POSTURA

Según el penalista Luciano López, la ley que invoca León solo podría aplicarse si ella es procesada actualmente. Es decir, si su caso se encuentra en investigación preparatoria.

“Estamos hablando de diligencias preliminares. La legisladora solo tiene beneficio de antejuicio si fuera procesada”, explicó a Perú21. López agregó que el allanamiento no afecta la libertad de León, por lo que sí es viable en este caso.

AVELINO GUILLÉN: “ALLANAMIENTO FUE LEGAL”

El exfiscal superior Avelino Guillén consideró que la orden de allanamiento e incautación de documentos en la vivienda de Luciana León “es constitucional y perfectamente legal”.

En diálogo con Perú21, Guillén explicó que la medida solicitada por la Fiscalía se dio bajo los parámetros de diligencias preliminares.

“No se ha iniciado investigación contra ella, no hay una acusación. Lo que hay son actuaciones preliminares que son indispensables por el riesgo de que desaparezcan las pruebas de la realización de un delito”, argumentó.

En esa línea, sostuvo que la defensa de la legisladora aprista pretende “sorprender a la opinión pública y al propio sistema judicial invocando una condición (de inmunidad) que no existe”.

Asimismo, puntualizó que debido a que el Congreso ha sido disuelto, el Ministerio Público debe esperar a que se constituya un nuevo Parlamento para recién formalizar investigación preparatoria y así pueda continuar con el debido proceso.

TENGA EN CUENTA:

* Para la penalista Romy Chang, la apelación de Luciana León sí es viable debido a que desde que un juez tiene participación en un caso ya existe un proceso judicial.

* El Ministerio Público imputa a León los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

* La legisladora estará en funciones hasta enero, mes en el que habrá elecciones.