Los prefectos se agrupan y conforman un organismo paralelo en el Mininter

Sin mayor regulación, pero con el aval del Gobierno de Pedro Castillo, prefectos y subprefectos han decidido conformar lo que denominan el Consejo Nacional de Autoridades Políticas (CONAP), una suerte de plataforma de articulación paralela dentro del propio Ministerio del Interior (Mininter).

Este ‘consejo’ fue creado tras un primer congreso de autoridades políticas realizado a inicios de julio pasado en Ayacucho; y desde entonces buscan tener mayor protagonismo y presencia, visitando incluso ministerios y la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como ocurrió a mediados de agosto cuando fueron recibidos por el mismo jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

Los prefectos y subprefectos dependen orgánicamente de la Dirección General de Gobierno Interior (DGI), despacho que a su vez se desprende del Viceministerio de Orden Interno del Mininter. Fuentes de este diario refieren que la creación de este grupo es “ilegal” y que contraviene las normas internas del Mininter.

“Es una instancia de coordinación entre las autoridades políticas a nivel nacional, llamado también ‘el gabinete del pueblo’, que son las autoridades políticas, con el gabinete oficial, conformado por los 18 ministros. La CONAP es el hilo conductor con el consejo de ministros”, se lee en una de las actas suscritas por los prefectos y a la que accedió Perú21.

El ministro del Interior, Willy Huerta, negó el lunes de la semana pasada ante la Comisión de Defensa tener conocimiento sobre el CONAP. Pero desde el 28 de setiembre pasado —y así se lo hicieron saber en el Congreso— obra en su despacho un oficio enviado por el propio presidente del consejo, Rubén Quispe, también prefecto regional de Ayacucho.

En el documento, Quispe le da cuenta de los acuerdos adoptados en el primer encuentro de Ayacucho, haciéndole saber que los mismos fueron ratificados en un segundo evento en Apurímac realizado a fines de setiembre.

“(El consejo) surge por la dificultad que hemos tenido con el tema de paro de transportistas, el paro agrario. Y no había una instancia inmediata para, de manera conjunta y articulada, trabajar todos nosotros”, comentó Quispe en entrevista con Perú21.

“Cada prefectura hace su labor, pero nosotros preferimos, dentro del derecho a la organización, que es un derecho fundamental de todo ser humano, constituir un consejo nacional a fin de que las experiencias, los intercambios, sean de manera conjunta”, agregó.

LO QUE SE BUSCA

Entre los acuerdos de este consejo están el “establecer la figura prefectural como representación de la figura presidencial”, así como “modificar la nomenclatura prefectural”. Es decir, que se denomine prefectura regional, prefectura provincial, prefectura distrital y prefectura comunal. “Cuyos funcionarios ejercerán la representación presidencial y ministerial”, se remarca.

También se rechaza el cierre de estas prefecturas (lo que se califica como un atentado) y se habla de modificar el sistema nacional de designación prefectural actual, a fin de que el presidente nombre a los prefectos regionales, y los regionales a los provinciales, y así sucesivamente.

Además, se acuerda declarar el 21 de junio de cada año como ‘día de la paz social y seguridad ciudadana nacional’, e “instituir la asamblea nacional de prefectos del Perú cada primera quincena de febrero y agosto de cada año”.

El presidente del CONAP aseguró que se encuentran “autofinanciados” en la realización de este grupo y rechaza que sean una plataforma política de apoyo al presidente Castillo.

“De ninguna manera. Nosotros somos la representación del presidente, efectivamente. Pero todas las autoridades políticas en su mayoría son propuestas de la comunidad, de los centros poblados. (…) Obviamente somos órganos políticos, pero no un órgano de carácter partidario, al contrario, somos los que articulamos en las diferentes instancias”, aseveró.

El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) fue quien le increpó a Huerta sobre el CONAP durante su presentación en el Congreso. Para el legislador, “se está instrumentalizando órganos de la Dirección de Gobierno Interior” y esto es algo que “preocupa”.

Y se estarían usando los recursos del Estado –al fin de cuenta los prefectos son funcionarios y sus recursos salen del erario– “para defender los intereses del presidente directamente”.

Todo ello ocurre con el aval del director de la DGI y los altos funcionarios del Mininter.

TENGA EN CUENTA:

• Perú21 intentó comunicarse con el director de Gobierno Interior, Edward Chuquilín, pero no respondió las llamadas ni mensajes.
• Chuquilín, exprefecto de Cajamarca, también participó en el Congreso pasado realizado en Apurímac.
• Desde el 5 de octubre,la Comisión de Descentralización espera respuesta formal del Ministerio del Interior como parte del análisis del proyecto de ley que plantea eliminar la figura de prefectos y subprefectos.
• Según conoció este diario, el grupo de trabajo consulto por la relación de tenientes gobernadores que han sido designados desde agosto del 2021 hasta ahora, así como el presupuesto para sus funciones.

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