Jefe de las fiscalías anticorrupción frustra operativo en la región Junín

La Fiscalía Anticorrupción es un bastión importante en una democracia; sin embargo, cuando la persona que la dirige no entiende ese significado a cabalidad, ocurren hechos como el que silenciosamente se vienen produciendo desde la semana pasada. Es el caso de Omar Tello, fiscal superior coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción.

En el Gobierno Regional de Junín opera una organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro. Sus integrantes son funcionarios actuales y hombres de confianza de Vladimir Cerrón, exgobernador de dicha región. Incluso, y lo más grave, algunos de ellos son actuales dirigentes del partido político Perú Libre, que disputa hasta el momento voto a voto la Presidencia.

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Desde 2019, la fiscal Bonnie Bautista, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, tiene en la mira a estos personajes. A mediados de mayo de este año, y después de culminar una densa investigación con el apoyo de la Policía, decidió presentar un requerimiento de allanamiento y detención preliminar para 37 personas involucradas.

El pedido fiscal llegó a la jueza del caso, la magistrada July Baldeón Quispe, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. Baldeón se tomó su tiempo para analizar el requerimiento debido a la cantidad de personas sobre las que recaía la medida.

Mientras la juez resolvía, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ya tenían identificados a los personajes y estaban a la espera de la orden judicial para actuar. Para ello, los jefes policiales desde Lima dispusieron la logística para costear el gasto de lo que sería el traslado de una decena de agentes a Junín para realizar con éxito el operativo.

EL MISTERIOSO ‘NO’

Fuentes directamente involucradas en el tema comentaron a Perú21 que mientras la juez deliberaba, la Fiscalía coordinaba toda la logística para llevar a cabo un operativo exitoso con el apoyo de la PNP. Para esto, el fiscal coordinador, en este caso Omar Tello –comentan las mismas fuentes–, tenía conocimiento de la investigación de Bonnie Bautista a Los Dinámicos del Centro.

El miércoles 2 de junio, la esperada resolución de la jueza Baldeón fue notificada a la fiscal de Junín, y con ello se daba luz verde al operativo. De inmediato, la Policía se puso en alerta, y por fin –tras dos años de investigación– iban a capturar a la organización criminal que tanto daño le hizo a la región; sin embargo, se chocaron con un gran obstáculo.

Cuando la fiscal le comunicó a su jefe Omar Tello que la orden judicial ya había sido emitida, este, aseguran, habría señalado que el operativo se realizaría después de las elecciones del 6 de junio. La excusa de por medio fue que no había apoyo policial.

Esta respuesta dejó perplejos a los actores involucrados (jueza de investigación preparatoria, fiscal y agentes de la Diviac) porque todo ya estaba planificado y listo solo para ejecutar.

El fiscal coordinador Omar Tello solo tenía que dar la orden para que un grupo de fiscales titulares y adjuntos apoyen a Bautista en el operativo y así asegurar la detención de los involucrados. Sin embargo, ha pasado una semana desde que se emitió dicha orden judicial en Junín y no pasa nada.

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En el Poder Judicial y la Policía temen que haya fuga de información, se conozca el nombre de los investigados, que estos eliminen pruebas o salgan del país. Todo eso se habría evitado, afirman las fuentes, si la decisión del fiscal superior Omar Tello hubiera sido otra.

Por su parte, la Policía quedó a la espera de la decisión de la Fiscalía. Fuentes judiciales indican que algunos de los personajes sobre los que pesa la orden de detención viajaron de Huancayo a Lima para unirse a las celebraciones del candidato Pedro Castillo.

Los delitos que se les imputan a Los Dinámicos del Centro y dirigentes de Perú Libre son concusión, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias. Estos ilícitos se habrían producido en una de las áreas más importantes del Gobierno Regional de Junín desde la primera gestión de Cerrón y hasta hoy. Por reserva de la investigación no se pueden revelar más detalles.

¿Por qué el fiscal Omar Tello no le dio prioridad a un megacaso de corrupción que involucraba a autoridades del Gobierno Regional de Junín y a dirigentes de Perú Libre? ¿Hubo omisión de funciones en la decisión de no apoyar desde el Ministerio Público un operativo que ya contaba con toda la logística desde hace semanas?

Perú21 se comunicó con el fiscal Tello el miércoles por la noche después de la alerta de las autoridades involucradas en el caso, que –sorprendidas– lo responsabilizan de la no ejecución del operativo. La respuesta se tuvo al día siguiente cuando Tello nos devolvió la llamada.

Se le comunicó al fiscal de las pruebas y las declaraciones de las fuentes y respondió las interrogantes a este diario.

Omar Tello: “La medida ha salido en una época no apropiada”

“Si el fiscal ha hecho un requerimiento en un momento determinado, es porque ha considerado que ya se acabaron las diligencias preliminares que tenía que hacer en un aspecto y que requiere otras y por eso se solicita la medida”, explicó a este diario Omar Tello.

Tello respondió el último jueves a Perú21. Desde entonces han pasado seis días, pero no se han tenido noticias del operativo pendiente en la región Junín.

“Yo no trabajo para un caso. Para mí no hay una cuestión política. Nosotros somos neutrales en ese aspecto. Quizás para algunos hay intereses y yo lo puedo entender. Pero yo tengo que ver la seguridad de los fiscales y tengo que coordinar con las autoridades. Si yo pido policías y la Policía me dice ‘doctor, no hay posibilidad de esta situación’, no se va a dar”, justificó el fiscal superior.

“¿Yo qué hago ahorita? Por ejemplo, ya, yo insisto en estos momentos, me he enterado e insisto. Vamos a hacer una intervención, necesito de repente trescientos, cuatrocientos efectivos, necesito tantos vehículos. ¿Tú crees que hoy día me los van a dar cuando todos están destinados a la seguridad y orden interno? Hay una situación que se ha generado, coincidentemente con las elecciones. Estas son prioridad para la Policía”, alegó el fiscal.

REQUERIMIENTO DEL FISCAL

El fiscal Tello cuestionó que la medida haya sido solicita durante el proceso electoral, pero quiso dejar claro que su Fiscalía no actúa bajo ideologías. “La medida ha salido en una época no apropiada, digámoslo así”, dijo Tello. “Pero todo pedido sale por requerimiento del fiscal (...). El problema es que ustedes lo miren como si nosotros tuviéramos ideologías al interior”, remarcó.

Este diario se intentó comunicar otra vez con el fiscal Tello la noche del viernes, pero ya no hubo respuesta.

HAY GATO ENCERRADO

No es la primera vez que un fiscal anticorrupción recibe poca colaboración de la sede central del Ministerio Público en un caso relacionado con Vladimir Cerrón en Junín. En julio de 2019, el fiscal Luis Cárdenas Moreno solicitó el sobreseimiento en un caso en el que Cerrón era investigado por desbalance patrimonial. En un documento elevado al Poder Judicial, el fiscal dijo que durante su pesquisa “se ha presentado la falta de presupuesto para hacer viables algunas nuevas técnicas de investigación como pudo ser el uso de agentes encubiertos o agente especial, falta de peritos tasadores, contables, falta de personal especializado en el tema”.

Enrique Ghersi, abogado penalista: “Demora sospechosa y politizada”

La Fiscalía no tiene por qué tomar en cuenta situaciones políticas para tomar una decisión. La Fiscalía es guardiana de la legalidad; eso lo dice la Constitución. Tiene que aplicar la ley y cumplir la orden judicial. Es una demora sospechosa y bien politizada. Encuentro dos niveles de responsabilidad: el administrativo, grave; y el penal, pues es claramente una omisión a los deberes de función. Hay una orden judicial, no la puedes guardar en el cajón, tienes que cumplirla. Está bien que la fiscal provincial le pida apoyo, pero si el superior no se lo está dando, está obstaculizando el ejercicio de un mandato judicial. Hay una responsabilidad también porque la fiscal provincial no lo ha denunciado. Que una persona privada no cumpla una orden es una cosa; es un delito de desacato. Pero que sea la propia autoridad del Ministerio Público, que es titular de la acción penal, me parece más grave. Es bien delicado.

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