LIBRES. Pese a que Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú estaban no habidos, jueza impuso comparecencia con restricciones a su favor. (Foto: Captura de pantalla)
LIBRES. Pese a que Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú estaban no habidos, jueza impuso comparecencia con restricciones a su favor. (Foto: Captura de pantalla)

Para la jueza de Junín July Baldeón, los audios en los que se escucha explícitamente a repartirse puestos de trabajo en el gobierno regional, administrado por Perú Libre, no son prueba para establecer la existencia de una organización criminal.

Ni siquiera tomó en cuenta lo declarado por aspirantes a colaboradores eficaces que reconocieron haber cometido delitos. Para Baldeón, la investigación de la fiscal Bonnie Bautista, que compromete a los principales dirigentes del partido de Vladimir Cerrón con la red delictiva, no tiene asidero.

Los Dinámicos del Centro: Poder Judicial rechaza pedido fiscal y dispone imponer comparecencia con restricciones
Despacho de la fiscal Bonnie Bautista anunció que apelará la decisión.

La magistrada ni se pronunció sobre el peligro de obstrucción que representan los investigados pese a las innumerables evidencias, como chats de WhastApp y temerarias acciones contra la investigación, como haber arrojado un celular al inodoro y del cual se pudo recuperar valiosa información, o intentar deshacerse de bolsas de dinero arrojándolas al techo de un inmueble. Le dio igual que Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú Gutarra, altos dirigentes del partido dirigido por Vladimir Cerrón, estén prófugos.

Igual desestimó el pedido de prisión preventiva por tres años contra ellos y otros 18 investigados. Baldeón dijo que las evidencias eran débiles e infundadas, y con eso consideró suficiente para no dictar la medida requerida por Bautista. En su lugar, dispuso una leve y complaciente orden de comparecencia restringida.

En total, en el operativo del 15 de junio pasado se incautó S/800,000 en efectivo. Uno de los investigados tenía billetes guardados debajo en una maleta debajo de su cama. (Foto: Ministerio Público)
En total, en el operativo del 15 de junio pasado se incautó S/800,000 en efectivo. Uno de los investigados tenía billetes guardados debajo en una maleta debajo de su cama. (Foto: Ministerio Público)

A lo largo de las audiencias, que duraron 11 días, la Fiscalía había advertido el poder que tenían los integrantes de la red criminal y el riesgo de obstrucción latente, al hacer hincapié en que los investigados tuvieron acceso a resoluciones judiciales (como la que autorizaba el operativo en su contra incluso antes que se ejecute) y que hubo consignas para la eliminación de pruebas. A pesar de todo, la jueza declaró infundado el requerimiento del Ministerio Público.

Con su resolución, Baldeón solo ha prohibido a los 20 implicados –de los 38 investigados por el caso– a cambiar de domicilio sin autorización y comunicarse entre ellos. Además, deberán concurrir mensualmente para justificar sus actividades y pagar una caución de S/5,000.

Es decir, la sacaron barata. No les ha impedido viajar fuera del país o desplazarse a otra región. “Son mínimas restricciones, las menos gravosas. Es un fallo escandaloso”, dijo el penalista Enrique Ghersi a este diario.

Explicó que, tras la apelación de la Fiscalía, el caso será visto en una Sala Penal de la Corte Superior de Junín.

LOS ARGUMENTOS

Baldeón empezó la audiencia a las 9:00 a.m., pero recién cinco horas después comenzó a exponer sus fundamentos. Uno a uno fue rechazando los presupuestos para la prisión preventiva.

Según afirmó Baldeón, la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista no logró acreditar la gravedad en sus imputaciones que justifiquen variar la restricción de la libertad por una medida más “drástica”.

Por ejemplo, en el caso del delito de organización criminal, dijo que, si bien los audios “son elementos que dan indicios del hecho imputado”, esto no es suficiente.

“No hay elementos de convicción fuertes que denoten la vinculación de los ‘colaboradores principales’; por ahora no se puede vislumbrar la configuración material de una organización criminal medianamente acabada”, dijo.

La jueza también mencionó que la Fiscalía no cumplió con realizar las diligencias urgentes por las cuales se dispuso el pasado 1 de junio la detención preliminar contra los investigados, tales como el reconocimiento de voz, transcripciones y otros.

“Lejos de traer nuevos datos adicionales, trae lo mismo, (por) lo que se considera que por ahora no hay elementos de convicción fuertes para dictar la medida de prisión preventiva”, remarcó.

Por otro lado, señaló que el delito de cohecho pasivo, que comprendía a 15 investigados –entre los cuales figuran “enlaces” y “tramitadores”–, está acreditado, pero no desechó los otros presupuestos para disponer la prisión.

Sobre el tercer y último delito imputado, el de negociación incompatible, que incluía a Eduardo Bendezú y Marina Vásquez, insistió en que lo que la fiscal recaudó “hasta ahora” no era suficiente.

TENGA EN CUENTA:

El consejero regional de Junín José Villazana calificó de “lamentable” la resolución judicial. “Tengo sentimientos encontrados porque, habiendo elementos de convicción, no se dictó la prisión preventiva”, destacó.

Arturo Cárdenas, en su cuenta de Facebook, expresó que “se impuso la razón, el derecho y la justicia sobre la presión mediática”. Cárdenas, secretario de organización de PL, acusó a la prensa de una persecución.

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