La prepotencia con la que actuó ayer la primera dama Lilia Paredes durante la diligencia con la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire tuvo serias consecuencias. Taquire denunció penalmente a la esposa del presidente Pedro Castillo por negarse a responder las preguntas que le iba a formular para así contrastar la manifestación que brindó la colaboradora eficaz Karelim López.
Paredes, citada como testigo, llegó por la mañana a la sede de la Fiscalía ubicada en la calle Santa Rosa, en el Centro de Lima, en una camioneta negra con lunas polarizadas que estuvo rodeada de más de 20 efectivos de seguridad del Estado.
Según fuentes de Perú21, apenas se presentó al despacho de la fiscal, su abogado, el chotano Jorge Eduardo Díaz Campos, tomó la palabra y anunció que su defendida se acogería a su derecho a guardar silencio.
Jorge Díaz es un exjuez superior de la Corte de Justicia de Piura que en 2006 fue destituido por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), de acuerdo a documentación a la que accedió este diario. La OCMA fue la encargada de hacer el requerimiento de cese de funciones luego de establecer que el magistrado estuvo involucrado en actos de corrupción.
Ayer, el letrado alegó que si su defendida respondía las preguntas, podría incurrir en “autoincriminación” y ello perjudicaría a su cónyuge, ya que la manifestación de López comprende a ambos con la tramitación de la tesis de maestría que sustentaron juntos en la Universidad César Vallejo (UCV).
Ante ello, de acuerdo a las fuentes, la fiscal insistió en su deber de formular las interrogantes, porque el silencio de la testigo no impide continuar con la diligencia.
Pero Díaz, de manera altanera, interrumpió a la fiscal e insistió en negarse a que la esposa de Castillo escuche las preguntas.
Taquire, entonces, levantó un acta y advirtió en el escrito que la testigo habría cometido el delito de negativa a colaborar con la justicia, tipificado en el artículo 371 del Código Penal. La primera dama y su abogado se retiraron a los 40 minutos de haber llegado al despacho.
Luego, la fiscal elevó el informe al coordinador Rafael Vela, quien por la tarde se encargó de interponer la denuncia ante la Fiscalía Penal de Lima.
En la carpeta de colaboración eficaz de Karelim López, el Ministerio Público busca corroborar distintas líneas de investigación que fueron abiertas a partir de la declaración de la empresaria.
Una de ellas es esclarecer si hubo un pacto entre Castillo y el dueño de la UCV, César Acuña, a cambio de “tramitar” la tesis de maestría, que, según Sunedu, convirtió al jefe de Estado en magíster en 2016.
López contó al Ministerio Público, en marzo pasado, que el exsecretario presidencial Bruno Pacheco le comentó que él debía hacer una gestión ante la casa de estudios debido a que Castillo, su entonces jefe, estaba preocupado por su tesis.
La UCV confirmó esta semana que el trabajo ‘académico’ registró 43% de similitud con otras investigaciones. Y, a pesar de ello, concluyó que era una tesis que tiene “aporte de originalidad”.
TENGA EN CUENTA
-De acuerdo al artículo 371 del Código Penal, la pena para la persona que se niega a colaborar con la justicia es de dos años de cárcel efectiva.
-Karelim López señaló a Pedro Castillo de encabezar una red criminal que repartió obras desde el MTC.