Agresiones a la prensa durante el gobierno de Pedro Castillo

Desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo a fines de julio del año pasado, en más de una ocasión el Ejecutivo ha tenido conductas discriminatorias hacia los medios de comunicación.

El primer incidente ocurrió la noche del 29 de julio de 2021, cuando –sin previo aviso– la seguridad del Estado y la Policía impidieron el ingreso de los medios de comunicación a la juramentación del primer gabinete ministerial de Castillo en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Solo accedieron los equipos de TV Perú, el canal del Estado.

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El 5 de agosto se impidió el ingreso de la prensa a Palacio para cubrir una ceremonia oficial. En ese mismo mes, la entonces reportera de TV Perú, Tifanny Tipiani, fue agredida por un agente de seguridad de Castillo, quien la cargó para alejarla del mandatario. Meses después, fue despedida.

En noviembre el mandatario le respondió a un periodista “¿usted está loco?” cuando este le preguntó si había pensado en renunciar, en Amazonas. Las agresiones han ido en escalada, y el 12 de abril de este año Castillo envió una carta notarial a Panorama en que advierte acciones penales.

El 24 de enero, Castillo admitió en una entrevista a CNN en Español que no estaba preparado para el cargo. Tras la ola de críticas, no volvió a dar entrevistas a ningún medio.

La represión a la prensa en Nicaragua

Por Roberto Mora // Excorresponsal de La Prensa de Nicaragua

“Quizás el periodismo no es la carrera más apropiada porque requiere mucha movilización”, me decían algunas amistades. Pero gracias al apoyo de mis hermanas y sobre todo la inspiración de mi madre, la mujer más luchadora y esforzada que he conocido y mi fe en Dios, pensé siempre que la discapacidad está en la mente.

Efectivamente a pesar de que se me dificulta caminar, mis sueños de ser un profesional de la comunicación se cumplieron, pero no contaba con un gran obstáculo que surgiría en el camino y que afectaría también al resto de periodistas que con fortaleza cubrieron en todo tipo de terreno.

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Desde 2007, el panorama en Nicaragua comenzó a cambiar. La plena libertad de información y expresión que tuvimos durante 16 años, entró a otra etapa; de limitaciones al acceso de la información pública, luego el acceso a las instituciones y un poco más tarde en la estigmatización de los hombres y mujeres de prensa que trataban de informar a la población sobre el uso de los fondos y la aplicación de políticas públicas que cada vez restaban libertades al resto de la población.

A pesar de que ya teníamos nociones del comportamiento dualista, del nivel de cinismo y hasta criminal de Daniel Ortega quien había retomado nuevamente el poder, nunca imaginamos que sería capaz de establecer uno de los estados más represivo del que se pueda tener referencia en América Latina.

En abril de 2018 miles y miles de nicaragüenses salieron a las calles de las principales ciudades del país casi simultáneamente, como nunca antes se había visto, para protestar en contra de unas reformas al Seguro Social.

La repuesta del gobierno vino en seguida. Junto a la formación de grupos parapoliciales las balas comenzaron a impactar en la cabeza, el cuello y el pecho principalmente de jóvenes que solo levantaban la bandera azul y blanco de la patria y luego tuvieron que empuñar el lanza morteros, un especie de tuvo metálico con el que lanzan explosivos artesanales que se usan para festividades religiosas.

Los periodistas, logramos evidenciar la mayoría de esos crímenes, robos y brutal represión del gobierno quien al quedar en evidencia, intentó imponer un falso relato de intento de golpe de estado. El terror se estableció también en contra de los periodistas. El 21 de abril de 2018, una bala impactó la humanidad del periodista Angel Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.

Los y las periodistas estábamos en la mira, igual que los manifestantes, quienes ya demandaban la renuncia de los gobernantes por tanto derramamiento de sangre. A escaso tres días de protestas ya eran más de 20 muertos por la represión. Los robos de cámaras y celulares, agresiones físicas y amenazas constantes, comenzaron a escalar en niveles alarmantes. Los periodistas estábamos contradiciendo con suficientes evidencias el discurso oficial.

La cárcel para periodistas como Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, vino enseguida y en menos de cinco meses los muertos sumaban más de 300, los heridos eran más de 2 mil y la orden para que no fueran atendidos los manifestantes en los hospitales ya había sido dado. El gobierno comenzó a expropiar medios completos de comunicación como 100% Noticias y Confidencial.

Desde 2019, la maquinaria partidaria que controla todo el estado aprobaron leyes anticonstitucionales y fuera de cualquier tratado internacional de derechos. Entre las prohibiciones con las que recetan largas penas de cárcel está la de “aplaudir sanciones” según la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” con la que no solo impidieron candidaturas a la presidencia, sino que apresaron a los que manifestaron sus aspiraciones.

Entre los que fueron nuevamente secuestrados por la policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está el periodista Miguel Mora director de 100% Noticias, a quien también acusan de instigación al odio.

Con la Ley de Regulación a los Agentes Extranjeros, vino la cacería a organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Violeta Barrios con la que persiguen a periodistas tildándolos de lavadores de dinero. La recién aprobada Ley de Ciberdelito también se aplica en contra de ciudadanos a quienes acusan de instigar al odio por emitir opiniones a través de redes sociales.

Este 5 de abril de 2022, la niña Alejandra Mendoza cumplió 8 años y pidió públicamente ver a su padre como regalo de cumpleaños. Miguel Mendoza un periodista de la crónica deportiva quien nunca se había separado de su hija, fue condenado a 9 años de cárcel por el juez Luden Martín Quiroz García. Mendoza hacía críticas a través de Twitter en contra del régimen de Ortega y eso le costó su libertad desde hace 10 meses.

Los periodistas buscan salvaguardar su libertad y seguridad, por lo que más de 120 comunicadores han tenido que salir por punto ciegos fronterizos principalmente desde el 2021, sumándose a los más de 100 mil nicaragüenses que están huyendo del país desde el 2018 por la misma represión de Ortega y Murillo.

Los periodistas que se quedan, deben dejar de informar sobre temas sensibles y los que se atreven sufren el asedio de patrullas con varios policías y paramilitares que rodean sus viviendas para impedirles hasta salir a una pulpería tal a como ha ocurrido en los últimos días contra Kalúa Salazar directora de radio la Costeñísima en Bluefields, Guillermo Cortez en Managua y otros 6 comunicadores en diferentes partes del país.

Seguimos informando a pesar de que en Nicaragua informar es un delito. Hoy el obstáculo es mayor, pero continuamos a pesar de la crueldad de los dictadores que se mantienen a sangre y fuego.

Sabía que

• Desde julio del año pasado hasta el presente mes, el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana han emitido 24 alertas por acciones del gobierno en agravio de la prensa, como ataques físicos, verbales y restricciones de acceso a eventos oficiales.

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