Hace dos días, la Sala Penal Nacional de Apelaciones dispuso la inmediata liberación del ex directivo de Graña y Montero, Hernando Graña Acuña, involucrado en el caso Odebrecht. Sin embargo, según la defensa del empresario, esa decisión aún no ha sido notificada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que proceda con la excarcelación.
La abogada de Graña Acuña, Sophía Icaza, señaló a Perú21 que, debido a los feriados de semana santa, el personal administrativo de la Sala Penal y del INPE no está atendiendo. "Estamos indagando al respecto", dijo.
La preocupación de Icaza se debe a que la liberación del empresario todavía se concrete el lunes, al culminar los feriados, ya que los jueces han ordenado revocar inmediatamente la prisión preventiva que pesaba sobre el ex ejecutivo.
Este diario se comunicó con un vocero de la Sala Penal Nacional quien aseguró que la notificación al INPE fue remitida ayer a las 4:00 pm. No obstante, indicó la fuente, en mesa de partes de esta entidad no quisieron recibir la autorización de excarcelamiento argumentando que, por el horario, ya no atendían.
Perú21 también intentó comunicarse con representantes del INPE para conocer la versión que manejan, pero no contestaron nuestras llamadas.
En la resolución emitida el 27 de marzo, el tribunal dispuso variar la situación legal de Graña, quien cumplía 18 meses de prisión preventiva desde diciembre último, a una comparecencia simple.
Según el documento, la imputación por lavado de activos atribuida por la Fiscalía al ex ejecutivo no estaría del todo probada. El Ministerio Público señala que Graña Acuña sabía que Odebrecht había pactado un pago de coima con el ex mandatario Alejandro Toledo para hacerse del proyecto vial Interoceánica Sur.
De acuerdo a la tesis fiscal, Graña y Montero hizo una retribución a la constructora por el pago de US$20 millones en sobornos que esta hizo a Toledo. Ello habría sido previamente conversado con Jorge Barata, ex directivo de la firma brasileña. Según el Ministerio Público, ese reembolso se "camufló" bajo el término legal "riesgos adicionales" que fue declarado por el consorcio -todas las empresas incluidas en la construcción de la obra- en un memorando de entendimiento.
Sin embargo, para la sala no ha quedado demostrado "en qué consiste el concepto de "riesgos adicionales"" y que el informe pericial hecho por la Fiscalía, que señala que esa adición no es común en ese negocio, no es del todo concluyente. Además, indicó que Barata no ha sindicado directamente a Graña Acuña como una persona a la que le comunicó del pago de coimas a Toledo.
Aún se está a la espera de que la Sala Penal de Apelaciones se pronuncie por el recurso interpuesto por José Graña Miróquesada, el otro ex ejecutivo de Graña y Montero que cumple prisión preventiva por el mismo caso.