Mientras en nuestro país el proyecto, en medio de voces de apoyo y de rechazo, debe aguardar la próxima Legislatura para decidir su futuro, en Paraguay, las ONG se alistan a ser fiscalizadas. El Senado de ese país aprobó la ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales, ONG. La iniciativa tuvo el voto favorable de 34 senadores. Se realizaron modificaciones a la norma, por lo que esta será remitida a la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, defendió la aprobación de este proyecto señalando que este cubrirá una laguna existente en la legislación respecto a estas organizaciones.
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Según los alcances de la ley, las ONG deberán inscribirse en el Registro Nacional de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en un plazo determinado, tener la documentación obligatoria de control, indicar cuál es el uso y el destino de los fondos que reciben, así como los respectivos documentos que los respalden.
Además, deberán realizar una rendición cada seis meses ante la autoridad pertinente. De incumplir la normativa las ONG serán sancionadas económicamente. El Ministerio de Economía será el responsable de implementar la norma.
El proyecto es casi similar al que busca ser ley en el Pleno de nuestro Congreso. El dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores contempla fortalecer el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con el fin de contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos económicos que reciben las ONG y otras entidades de la cooperación internacional.
Durante el debate distintos parlamentarios paraguayos cuestionaron el protagonismo político que tienen ahora las ONG.
El analista político Iván Arenas saludó la aprobación de la norma en ese país y espera que se replique pronto en Perú. “Sucede que muchas ONG se han dedicado a hacer política e ideología antes que a apoyar al Estado. Algunas sirven a intereses geopolíticos como aquellas que desarrollan campañas contra la minería moderna con el objetivo que el Perú no amplíe su producción del cobre y se mantenga en casi 3 millones de toneladas”, indicó el especialista a Perú21.
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