Esta mañana el aprobó unas modificaciones a la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, conocida también como la . El dictamen fue aprobado luego de que el Parlamento rechazara la cuestión previa que pedía que regrese a la Comisión de Educación, donde fue discutido días atrás.

Uno de los protagonistas principales es la FPF y su presidente Edwin Oviedo. Aprobada el  1 de febrero de este año, durante el mandato de Luis Galarreta, la llamada ‘Ley Oviedo’ consta de cinco artículos y una disposición complementaria. Sin embargo, traía bajo la manga polémicas normas.

¿QUÉ CAMBIOS FUERON APROBADOS?

Parte de los cuestionamientos a la ley iban dirigidas al artículo 2, donde se describe la autonomía de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El texto original dice así:

Autonomía
Autonomía

Sin embargo, el dictamen que reúne las iniciativas legislativas 03193, 03217, 03405, 03406, 03441 dispuso que se modifique la última línea. Se pidió que se enfatice que la FPF actúa bajo el reglamento de la FIFA, Conmebol y "las normas legales sobre la materia". 

Autonomía 2
Autonomía 2

Pero el proyecto aprobado esta mañana también señalaba la derogatoria del artículo 5 de la ley. Se trata de la referida a la relación de la FPF con el IPD. Por otro lado, también señala la eliminación de la  disposición complementaria, en la cual se indicaba que las elecciones en la FPF se efectuarían al término del ciclo olímpico, es decir, en 2020. 

Disposiciones complementarias.
Disposiciones complementarias.

Con el proyecto aprobado, las elecciones internas -donde se elige al presidente de la institución- se realizarían este año y no el próximo, como propuso la FPF. A Edwin Oviedo -complicado por temas judiciales- no le quedaría otra que recortar su mandato hasta fin de año como estaba programado desde un principio. 

Votación donde se aprobó la modificatoria de la Ley Oviedo.
Votación donde se aprobó la modificatoria de la Ley Oviedo.

¿EXISTE UN RIESGO?

Durante su debate en la Comisión de Educación y días previos a la votación en el Pleno, distintas voces hablaron sobre el riesgo que traería modificar la ley 30727. 

Los representantes de la FPF, Juan Matute, y de la Conmebol, Monserrat Jiménez, señalaron que si se elimina o modifica la norma vigente, esto podría generar la suspensión de Perú de los torneos internacionales de la FIFA y la Conmebol.

En una carta enviada a comienzos de este mes, la FIFA advirtió su preocupación:

"Hemos tomado conocimiento de que las modificaciones propuestas a la Ley prevén aparentemente que la FPF sea sometida a las normas sobre la materia… en caso sean aplicadas, contraviene los requisitos de FIFA y CONMEBOL. Nos gustaría recalcarles una vez más nuestra posición de que en caso la Ley sea modificada o derogada, de modo tal que contravengan los requisitos FIFA y CONMEBOL, dicha situación sería derivada a los órganos competentes de la FIFA para su posible consideración y decisión, la cual incluye una eventual suspensión de la FPF", señalaba la carta firmada por Fatma Samoura.

¿CUÁL SERÍA EL CASTIGO?

Hasta el momento ni la FIFA ni la FPF se han pronunciado sobre la aprobación del proyecto, Lo más probable es que el organismo evalúe su accionar ya que puede optar por una comisión normalizadora, una suspensión y, en caso extremo, una desafiliación.

Solo en este último caso la selección se vería imposibilitada de participar en torneos y amistosos internacionales. No solo la selección mayor, sino todas las que vienen detrás. Por otro lado, los clubes peruanos tampoco podrían realizar transferencias ni participar de torneos continentales como la Libertadores o Sudamericana. 

EL POLÉMICO OVIEDO

Edwin Oviedo Picchotito se encuentra en el ojo de la justicia de Perú. Para la Fiscalía peruana, el presidente de la FPF era operador y financista de la red criminal 'Los cuellos blancos del puerto'. El dirigente deportivo habría aportado con entradas y dinero para los magistrados aficionados al fútbol. Su objetivo era salvarse del caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

Justamente por este último caso, la Fiscalía lo acusa del presunto delito de homicidio calificado al considerarlo autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín y Percy Farro.

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