La ley que excluye a las organizaciones políticas de responsabilidad penal está vigente desde esta semana, pero su aplicación no ha sido inmediata, contrario a lo que muchos políticos esperaban. El caso más ejemplar es el del Partido Nacionalista, liderado por el expresidente Ollanta Humala, que ya en juicio requirió ejecutar la norma y recibió como respuesta del Poder Judicial que ello se dilucidará al final del proceso.
Sin embargo, la mayoría de especialistas coincide en que ningún partido político será sancionado penalmente ni será disuelto por condena. El penalista Fernando Silva explicó a Perú21 que el castigo máximo será una multa.
Solo hay otro partido en la misma condición que el nacionalismo y es Fuerza Popular (FP). El 1 de julio afrontará su propio juicio por los supuestos aportes ilegales que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
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Hasta el momento, según pudo conocer este diario, FP no ha presentado escritos a los tribunales pidiendo el archivamiento de su acusación. Aunque sí hay investigados que han requerido la anulación del juicio.
Además de ellos dos, hay otros cinco partidos que esperan ser limpiados de toda denuncia penal.
Debate y exclusión
Renovación Popular, que encabeza el alcalde Rafael López Aliaga, también es investigado en el caso Lava Jato.
Y es que al tomar posesión de Solidaridad Nacional, y cambiar su nombre, heredó sus pasivos: que con el fallecido Luis Castañeda habría recibido aportes ilícitos de empresas brasileñas para sustentar sus actividades proselitistas en 2010 y 2014.
El Partido Popular Cristiano (PPC) y el Apra no están bajo indagación formalmente, pero la teoría fiscal señala que dinero ilícito de Odebrecht ingresó a sus arcas para el mismo fin político.
En diálogo con Perú21, el exlegislador aprista Mauricio Mulder indicó que el mismo Poder Judicial debe acatar la nueva ley y no esperar que su partido presente un escrito invocando la norma.
“Lo que nosotros haremos es precisar que ya no se puede imputar a nuestro partido el delito de organización criminal y, por lo tanto, seríamos excluidos en ese extremo”, declaró el presidente de la Comisión Política del Apra.
Además, cuestionó que las instituciones de justicia demoren en acatar las decisiones del Parlamento.
“El Ministerio Público emite opinión, cosa que no tiene derecho a hacer; es increíble que difunda un comunicado rechazando lo que hace el Congreso, la Fiscalía no es un poder del Estado y se han atrevido a hacer imputaciones de carácter político”, sostuvo Mulder.
Fuera de Lava Jato están comprendidas las organizaciones Perú Libre (PL), cuyo dueño es el prófugo Vladimir Cerrón, y Podemos Perú (PP), del investigado José Luna Gálvez.
El primero es sindicado por la Fiscalía de Lavado de Activos por la recepción de dinero de la red criminal Los Dinámicos del Centro.
Mientras que el segundo responde ante la Fiscalía de Crimen Organizado como investigado por su irregular inscripción ante la ONPE.
Eso sí, los que definitivamente no se salvan serán los dirigentes que, de comprobarse, usaron al partido para lavar activos y cometer delitos de corrupción.
Tenga en cuenta
-La Ley 32054 aprobada por el Congreso modifica el Código Penal y la Ley 30424, que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas en el Proceso Penal.
-De esa forma, se excluyó de la lista de personas jurídicas a ser condenadas penalmente (donde figuran empresas, ONG e instituciones) únicamente a los partidos políticos. El Poder Judicial debe acatar la norma.
