La Junta de Portavoces del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el financiamiento ilícito de los partidos políticos y exonerarlo de su evaluación en la Comisión de Constitución.
Esta iniciativa plantea incluir el financiamiento ilícito en el Código Penal, pero condiciona a que la Fiscalía investigue este delito solo si hay un informe previo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El representante de Idea Internacional, Percy Medina, indicó a Perú21 que un proyecto de ley de esta envergadura no puede ser aprobado de forma apresurada. Agregó que no entiende por qué el informe de la ONPE tendría que ser un requisito para iniciar investigación, cuando podría ser un insumo.
“Es una manera de limitar las atribuciones de la Fiscalía de investigar y perseguir el delito”, anotó.
El dictamen propone sancionar con una pena no menor de cuatro ni mayor de siete años de prisión a las personas que entreguen dinero a partidos “infringiendo leyes, reglamentos u disposiciones referidas al financiamiento de las organizaciones políticas”.
Para Medina, el tipo penal se está formulando de manera muy amplia e incluye conductas graves que solo deberían tener sanción administrativa y no penal.
El proyecto también considera que si el delito se comete con un agravante de “conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia u otra forma de ingresar al sistema económico bienes cuya procedencia ilícita conozca o debía conocer” o como parte de una organización criminal, la pena sea entre seis y 13 años de pena privativa de la libertad.
Al respecto, según Medina, se cae en una incongruencia porque este agravante es equivalente a lavado de activos, pero este delito tiene una pena de hasta 20 años.