El debate iniciado en el Congreso para aprobar una ley que obligue a las ONG a transparentar sus fondos y actividades en el Perú ha salpicado al Poder Judicial. El titular de ese poder del Estado, Javier Arévalo, anuló un convenio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) por posible conflicto de interés.
El acuerdo fue suscrito en 2017, cuando el presidente de la Corte Suprema era Duberlí Rodríguez. Este pacto, además, se actualizaría cada tres años. En 2020, José Luis Lecaros suscribió la adenda para su ampliación hasta octubre de 2023.
Según el documento, al que accedió Perú21, la SPDA se comprometió a capacitar en materia ambiental a “magistrados, personal jurisdiccional, administrativo y sociedad civil”.
“Todo ello en favor de la gobernanza ambiental, la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales”, se lee.
Por ejemplo, la ONG ha organizado charlas a jueces sobre “Derecho Administrativo Ambiental”, programas de especialización en delitos medioambientales y hasta diplomados en el tema a nivel nacional.
No obstante, Arévalo emitió una resolución administrativa el 3 de junio de 2024 anulando el convenio iniciado por Rodríguez, quien ahora se luce en los tribunales como abogado del expremier castillista Aníbal Torres.
En el escrito no se detallan argumentos que sustenten esa anulación, solo se indica que la decisión la adopta el juez supremo por pedido de la Comisión Nacional de Gestión del PJ que él también preside.
Este diario se contactó con Javier Arévalo para conocer las razones de su resolución. Sin embargo, se excusó de hablar alegando que se encontraba fuera del país y que a su llegada al Perú daría las explicaciones.
¿Jueces adroctinados?
Si bien Arévalo no quiso decirlo, fuentes cercanas a su despacho indicaron que la resolución del convenio se debe a que los jueces capacitados en estos siete años pueden haber respondido a los intereses de la SPDA en controversias sobre el medioambiente.
Y no solo eso. En todo este tiempo, la SPDA ha participado de casos mediáticos, presentando opiniones legales en juzgados y salas para que sus posturas sean consideradas en el análisis.
Ello pasó en mayo último, cuando la ONG envió un informe legal a la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima para que rechazara la demanda interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) que buscaba habilitar la pesca en el reserva de Paracas. El fallo fue en ese sentido.
La opinión de la SPDA también ha tenido peso en los acuerdos plenarios del PJ que fijan los criterios de interpretación de las normas y leyes en cuestión ambiental.
El informe de esta organización sin fines de lucro fue uno de los que se discutió en el XII Pleno Jurisdiccional de las salas penales, realizado en noviembre de 2023, para definir las diferencias entra la infracción administrativa y el delito de contaminación ambiental.
Perú21 se contactó con la SPDA para recoger sus reacciones sobre la culminación del convenio.
En una respuesta escrita expresaron que esperan la “disposición” por parte del Poder Judicial para que revisen nuevamente el trabajo realizado durante el convenio en estos años. En otras palabras, que se pueda retomar el vínculo académico entre ambos.
Además, la ONG negó que hayan asesorado o llevado procesos penales de empresas. “Desde luego, no buscamos direccionar fallos judiciales. La SPDA no es parte procesal en los casos que puedan ser analizados por los jueces y fiscales”, refirió.
De esa forma, aseguró que no tiene “conflictos de interés con las causas” que los jueces resuelven.
El acuerdo con la SPDA ha llegado a su fin con el PJ, pero no con otras instancias del sistema de justicia. La Academia de la Magistratura (Amag), que forma a jueces y fiscales, también recibe capacitaciones de la referida ONG.
La decisión de Arévalo aún debe ser expuesta ante el Consejo Ejecutivo del PJ, que puede tener la última palabra sobre la continuación o no del convenio.
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