Levantamiento de inmunidad ha demorado hasta nueve meses por dilataciones de los congresistas

En el Congreso algunos se han hecho conocidos por acciones que van más allá de su labor como legisladores y para quienes el Poder Judicial (PJ) ha pedido el levantamiento de su inmunidad de manera que sean investigados o hasta arrestados. No obstante, para que este proceso siga su curso, en algunos casos de este periodo legislativo (2016-2021), se ha tenido que esperar hasta nueve meses por dilataciones de los congresistas.

Un ejemplo de esta demora ocurrió cuando en setiembre de 2017, mientras presidía la comisión Elías Rodríguez (Apra), la Corte Suprema solicitó el levantamiento del fuero para Richard Acuña (APP) para ser investigado por presuntamente haber cometido delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos para apropiarse de un terreno en Trujillo.

En junio de 2018 se acordó archivar la solicitud del PJ. Pero esta demora de nueve meses no se debió a una lentitud de la secretaría técnica de la comisión para elaborar el informe, sino que varias veces el grupo (formado por 15 miembros, de los cuales ocho son cupos de Fuerza Popular) no alcanzó el quórum que requería.

El otro caso que también llamó la atención por su demora fue el del legislador Edwin Donayre, hoy prófugo de la justicia. Para él, en setiembre del año pasado, el PJ envió el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto por una sentencia por el llamado ‘gasolinazo’.

La solicitud no fue atendida de inmediato y, por el contrario, por pedido de la mayoría fujimorista, se pidió sentencia firme y hasta la opinión de la Comisión de Constitución. ¿La consecuencia? Cuando se aprobó en el Pleno el levantamiento del fuero, el legislador ya estaba no habido.

El hoy preso Benicio Ríos también necesitó autorización congresal para ser detenido. En diciembre de 2017 se le dictó sentencia por el delito contra la administración pública. Estuvo prófugo varios meses y en agosto de 2018 reapareció. El Poder Judicial pidió el levantamiento de inmunidad y fue aprobada a los dos días.

Otro legislador que también tuvo que esperar por falta de quórum para saber qué pasaría es Wilbert Rozas (FA). En su caso, el pedido se hizo en mayo de 2018 por el presunto delito de peculado y fue archivado en mayo.

Durante la presidencia de Luciana León (Apra), a la comisión llegaron más solicitudes, pero fueron atendidas más rápido. Por ejemplo, para Edilberto Curro (FA), que fue archivada, solo demoró dos meses, al igual que la primera que se hizo contra Betty Ananculi (FP).

El pedido para Moíses Mamani (FP), por tocamientos indebidos, ingresó en enero y en marzo ya el Pleno había acordado levantarle la inmunidad de proceso. Ahora el legislador afronta otro proceso por falsedad genérica, que ya está pendiente de debate en el Pleno.

TENGA EN CUENTA

- Para Yesenia Ponce también se acordó recomendar el levantamiento
de inmunidad por presuntamente mentir en su hoja de vida presentada para ser candidata al Legislativo. Está pendiente en el Pleno del Congreso.

- La congresista Betty Ananculi (FP) también tiene un proceso que está pendiente de informe final. El pedido del PJ ingresó en junio para ser investigada por presunta falsedad genérica.