Tras la difusión del informe de la Contraloría de la República, que detectó irregularidades en proyectos de selección e inversión en la gestión del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, parlamentarios de diversas bancadas coincidieron que hay indicios suficientes para denunciarlo penalmente.
El expresidente de la Comisión de Fiscalización Gustavo Rondón señaló que en la investigación liderada durante su gestión al frente de dicho grupo de trabajo se concluyó que Santos incurrió en seis delitos: colusión desleal, negociación incompatible, omisión de funciones, asociación ilícita, malversación de fondos y patrocinio ilegal.
"El Ministerio Público debe profundizar y tipificar (los presuntos delitos) y emprender la investigación final. El Poder Judicial será el que se pronuncie en las sanciones", señaló en Canal N.
En tanto, el parlamentario oficialista Teófilo Gamarra indicó que la Contraloría demostró "serias irregularidades" en los contratos del gobierno regional regional cajamarquino.
"El señor Santos tiene que ser procesado penalmente, tiene que pagar los daños que le está causando a la región y responder ante la justicia por estas irregularidades", sostuvo.
Similar opinión expresó el aprista Javier Velásquez Quesquén. "Creo que el señor Santos debe ser denunciado penalmente. Es evidente que un profesor de aula que pasa a ser presidente regional tiene que explicar cómo ha financiado un movimiento político en todo el país (…) con recursos del gobierno regional ha financiado la movilización contra el proyecto Conga", subrayó.
En tanto, el parlamentario Jorge Rimarachin *consideró que el presidente regional de Cajamarca es un "perseguido político" del Ejecutivo. "Que quede claro que a quien encabeza una lucha contra el proyecto Conga se le está persiguiendo", alegó.