Los casos de lavado de activos tendrán duras penas, de acuerdo con los nuevos decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, informó que si el lavado de activos es cometido como consecuencia de actividades de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro o trata de personas, la pena no será menor a 25 años. En todos estos casos habrá sistemas de colaboración eficaz.