El delito en aportes de campañas: un debate en manos del Poder Judicial

El debate a desplegarse en los tribunales con los casos de aportes ilícitos a campañas políticas es uno solo: ¿es o no un delito el haber recibido financiamiento sin haber declarado ese dinero ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)? Para la Fiscalía lo es, porque implica la recepción de fondos ilegales y su uso en actividades lícitas. Es decir, un lavado de dinero. Para candidatos presidenciales como Ollanta Humala y Keiko Fujimori, además de negar ese tipo de recursos, la imputación no pasa de una falta administrativa.

Humala está a punto de llegar a juicio junto a su esposa Nadine Heredia, acusados de haber recibido millonarios abonos ilegales de la empresa Odebrecht en 2011. Fujimori ya fue acusada por similar hecho y ahora falta un largo camino para el control de esa acusación a cargo del juez Víctor Zúñiga.

En este contexto, la tesis doctoral sobre el financiamiento ilegal de partidos del fiscal Marcial Paucar puede dar más luces en esta espinosa discusión que será concluida con una sentencia.

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Paucar alcanzó este año el grado de doctor en Derecho al conseguir la nota 20, la calificación más alta, de parte del exigente jurado de la Universidad San Marcos. Cuenta con las mejores credenciales.

“En esta investigación de varios años formulé mi posición académica”, dijo brevemente Paucar a Perú21. No quiso dar más declaraciones. Pero su paso por el equipo especial Lava Jato, cuando lo lideró Hamilton Castro, fue un aliciente para su tesis.

Quien sí se animó a destacar los hallazgos fue su asesor de tesis, el juez supremo y expresidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga.

“Es la primera tesis en su género, es un estudio integral que repasa la legislación internacional y ha tratado la evolución de la legislación nacional; y concluye con una propuesta legislativa”, indicó Prado a este diario.

La propuesta es la modificación del artículo 359-A del Código Penal para que se establezca claramente que el aporte de fuente ilícita a un candidato o partido es un delito. La norma actual indica que se debe establecer que la persona conoce o presume que el origen del abono es ilegal, solo así se le condenaría hasta con seis años de cárcel.

Delito de financiamiento

Paucar identifica cuatro tipos de redes criminales detrás del financiamiento de campañas políticas: la criminalidad organizada, la empresarial-económica, la gubernamental y la patrimonial.

Las tres primeras se ajustan a los casos en mención y también al del Club de la Construcción, la red de empresas constructoras que pagaban sobornos a cambio de ganar obras.

“Todo delito que genere cualquier tipo de ganancias puede ser pasible de operaciones de lavado de activos”, indica Marcial Paucar en su tesis. El fiscal Germán Juárez, por ejemplo, acusa a Humala de haber usado los aportes del gobierno venezolano que no declaró ante la ONPE para comprar su casa en Surco y otras propiedades.

“Todo aquel que se encuentre involucrado en actividades criminales que le generen una rentabilidad (...) puede buscar su expansión criminal a través del involucramiento con la clase política”, agrega Paucar.

En el caso de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez la acusó de encabezar una organización criminal porque, entre otras cosas, usó a su bancada del Congreso para atacarlo e intimidarlo mientras la investigaba. Los chats que intercambiaron los exlegisladores de Fuerza Popular en ese contexto son su prueba.

Algo que deja establecido el fiscal Paucar en su investigación es que el delito de financiamiento es autónomo, diferente al de lavado de activos. En otras palabras, no es necesario probar la fuente de un aporte, sino determinar si ese dinero en forma de abono es permitido por la norma o no. Los jueces contribuirán a las reglas de juego de futuras campañas electorales.

Tenga en cuenta

-El jurado calificador de la tesis de doctorado estuvo integrado por los abogados Germán Small Arana, Silfredo Hugo Vizcardo, Raúl Pariona Arana, José Urquizo Olaechea y Víctor Prado.

-Según la Fiscalía, Ollanta Humala recibió US$3 millones ilícitos de Odebrecht para la campaña de 2011. Keiko Fujimori habría recepcionado US$1 millón. Pero ambos lo niegan.

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