Lava Jato: 11 investigados fueron excarcelados durante pandemia

El expresidente Alejandro Toledo parecía resignado a vivir en prisión en Estados Unidos hasta que se iniciara su proceso de extradición al Perú. Cuando aducía que su internamiento en el penal de San Mateo, en California, le afectaba la salud mental, fue trasladado a la prisión Maguire. A fines de 2019, no se asomaba ni una ligera posibilidad de libertad para Toledo.

Pero todo cambió empezando el 2020. El coronavirus, una enfermedad que brotó en China, se convirtió en pandemia y puso en alerta sanitaria al mundo. Esa situación no fue desaprovechada por el exmandatario, quien es acusado de recibir US$35 millones en sobornos de la empresa Odebrecht.

El 19 de marzo, el juez Thomas Hixson evaluó únicamente el riesgo de contagio al que se exponía el exjefe de Estado en la cárcel y, tras considerar su vulnerabilidad a los 74 años, ordenó su excarcelación.

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Toledo actualmente cumple arresto domiciliario en su vivienda de San Francisco y porta un grillete electrónico que lo rastrea a cada paso. Pero esto le sabe a una mejor vida de la que tenía mientras miraba las cuatro paredes de su celda.

Salida de escape

Lo que sucedió con Toledo fue replicado inmediatamente por los procesados y los jueces en Perú. En el caso Lava Jato empezó un desfile de excarcelaciones que se sustentaban en el posible contagio, y ya no en el peligro de obstrucción a las investigaciones fiscales.

Solo una semana y media después de lo ocurrido con el expresidente, ya en abril, el expremier César Villanueva le siguió los pasos.

El Poder Judicial varió la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Villanueva, investigado por recibir dinero ilícito de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín, por una detención domiciliaria.

En ese mismo mes, los jueces también acogieron los requerimientos de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando ya se registraban presos fallecidos a causa del virus y motines que evidenciaron la precariedad de los penales. Por esta última situación, la Corte Suprema autorizó a los magistrados a revisar de oficio las prisiones preventivas y variarlas, de acuerdo a sus criterios, para reducir la sobrepoblación de las cárceles.

Bajo ese contexto salieron Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011; los árbitros Weyden García, Richard Martín y Luis Pebe Romero; Jorge Peñaranda, directivo de Alpha Consult; el exgerente municipal José Miguel Castro; y Pier Figari, asesor de Fujimori, que fue el último en abandonar la prisión.

“Es una ingenuidad”

El equipo especial Lava Jato ha visto en los últimos meses cómo los investigados a los que tanto les costó acorralar han recuperado comodidades y privilegios. O como dice su líder, el fiscal Rafael Vela, han recobrado “la posibilidad de eludir a la justicia”.

Para Vela, los jueces debieron analizar el real riesgo de obstrucción a la justicia y no únicamente la exposición al COVID-19. “Hay ingenuidad, las organizaciones criminales no pueden tener un tratamiento similar al de otro delito (...) las redes delictivas se pueden recomponer”, sostuvo. Veremos si el tiempo le da la razón.

TENGA EN CUENTA

-Para la penalista Romy Chang, los fiscales del equipo especial, en algunos casos, “han perdido la perspectiva”. “Si un fiscal te acusa de un delito, debe tener las pruebas. No lo puede hacer solo para mantener su postura; acá parece que como sea quieren las prisiones preventivas”, dijo a Perú21.

-Chang indicó que la Fiscalía “debe preocuparse por conseguir condenas”.

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