El 5 de abril de 1992, el entonces presidente anunció “disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo”. Esta decisión dio pie a un gobierno dictatorial con las consecuencias que todos conocemos.

Para esa fecha, Fujimori estaba completando dos años de su mandato presidencial. No había las mínimas condiciones para disolver el Parlamento. La Constitución de 1979, que en aquella época regía en el país, señalaba que el presidente estaba habilitado para disolver el Congreso si “este ha censurado o negado la confianza a tres Consejos de Ministros”. Así lo recuerda el abogado constitucionalista Omar Cairo en su ensayo “La disolución parlamentaria en el Perú”.

La Constitución de 1993 estableció que el “presidente de la República está habilitado para disolver el Congreso solamente cuando este haya hecho perder el cargo a dos Consejos de Ministros”. Y esto ha ocurrido así. En setiembre de 2017, el Congreso le negó la confianza al gabinete de Fernando Zavala. Ayer, 30 de setiembre, el premier Salvador del Solar renunció al considerar que el Parlamento negó la confianza a su gabinete.

Para el catedrático y ex procurador anticorrupción Yván Montoya, hay importantes diferencias entre el autogolpe de Fujimori y lo que hizo ayer el presidente Martín Vizcarra.

“El mandatario ha reaccionado progresivamente después de muchos abusos de la mayoría parlamentaria: interpelaciones, censuras y hasta la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra ofreció canales institucionales de salida como el acortamiento del periodo y la revisión del proceso para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional”, señaló el abogado.

“En esta oportunidad no hay uso de la fuerza pública. En algún momento los congresistas tendrán que salir por su propia voluntad. No hay punto de comparación con lo que hizo Fujimori”, dijo Montoya.

El constitucionalista Cairo señala en su ensayo: “Fujimori clausuró las dos cámaras del Congreso. Fue un golpe de Estado que le hizo perder el título de presidente y lo convirtió en un dictador”.

Araoz - san román

El 21 de abril, días después del golpe de Estado de 1992, Máximo San Román, entonces primer vicepresidente de Alberto Fujimori, juramentó ante los congresistas disueltos como presidente de la República en el Colegio de Abogados de Lima.

El expresidente Fernando Belaunde le tuvo que prestar su antigua banda presidencial.

Anoche, la vicepresidenta Mercedes Aráoz hizo lo mismo ante el Parlamento disuelto por Vizcarra y se convirtió, según el fujimorismo, en “la primera presidenta mujer del país”. En esta oportunidad, no se colocó banda alguna.

Para el abogado Mario Amoretti, ahora “se está violando la Constitución por ambos lados”. El penalista añadió que “en esa época no fue válida la juramentación de San Román. Esta no se hizo en el Congreso”.