¿Esta vez será la vencida? En la tarde de hoy se llevará a cabo una reunión tripartita entre el Gobierno, MMG Las Bambas y las seis comunidades involucradas en el conflicto que lleva más de 50 días impidiendo las operaciones mineras.
La comitiva ministerial estará encabezada por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, e integrada por los ministros Félix Chero (Justicia), Modesto Montoya (Ambiente), Diana Miloslavich (Mujer), Juan Barranzuela (MTC) y Roberto Sánchez (Mincetur), además de Jesús Quispe, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.
A diferencia de otras ocasiones, este cónclave contará también con la participación de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, el organismo de la iglesia Católica que congrega a los obispos del país.
Sánchez, uno de los voceros de la comisión de alto nivel, informó anoche que los equipos técnicos del Ejecutivo se encuentran en la zona de conflicto desde ayer a fin de coordinar la ubicación de la reunión.
“Reiteramos la voluntad de diálogo, pues es el único método para discutir los conflictos y controversias. Necesitamos restablecer la paz social con legitimidad. Esta es la apuesta del Gobierno”, manifestó a medios de prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno.
El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, expresó cierto escepticismo por la reunión y reiteró que insistirán en que se derogue el estado de emergencia que rige en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. El presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa, prefirió no dar declaraciones.
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MARCHA ANUNCIADA
Los pobladores del distrito de Tapairihua, en la provincia de Aymaraes (Apurímac), anunciaron una marcha para este jueves 9 de junio en rechazo al proyecto minero Los Chancas de Southern Perú, el cual sufrió un incendio el pasado 31 de mayo.
El alcalde de esta localidad, Edwin Carpio, comentó a Perú21 que la población busca el retiro definitivo del proyecto porque “trae muchos problemas en la zona, genera conflictos entre paisanos” y señaló que, pese a que no se identificaron a los autores del atentado, varios pobladores reclaman haber sido injustamente denunciados por la empresa.
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